Los opositores que se presentan a la Administración de Justicia por el turno libre están que trinan por las novedades que han alterado el proceso selectivo estándar. En Ceuta el jugoso número de plazas en cada convocatoria hace que muchos se animen a probar suerte porque todo apunta a que el número de plazas para las convocatorias de 2017, 2018 y 2019 serán de las más elevadas de los últimos años según la Oferta de Empleo Público.
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Las dos primeras se acumularán y las bases se publicarán previsiblemente a primeros del año entrante. Sin embargo el proceso se pondrá cuesta arriba al pasar de ser una oposición normal y corriente donde se concurre en igualdad de condiciones y las preguntas puntúan lo mismo a un concurso-oposición que incluye una fase de méritos y desequilibra la balanza a favor de algunos y en detrimento de otros. El concurso-oposición debería aplicarse sólo en casos excepcionales según la premisa pero las directrices de la Unión Europea, llevaron a Gobierno y Sindicatos a la firma en marzo del año pasado de un acuerdo para la mejora del empleo público. La intención es reducir de este modo el índice de interinidad al 8 por ciento, ya que en algunos ministerios como Sanidad, Justicia y Educación, el porcentaje de los mismos llega a superar el 25 por ciento. Los sindicatos llegaron a esgrimir un argumento falaz, que se trataba de un ERE disimulado.
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Como indica José Medina, tramitador judicial y preparador de opositores a la Administración de Justicia, lo que está sucediendo «era de esperar» pero le sorprende haber detectado dentro de las bases «una cantidad increíble de atropellos». Es en esta letra pequeña donde está la trampa, como dice el refrán. Una de las primeras sorpresas que indican el trato de favor a los interinos es que «por cada ejercicio aprobado pasarán los diez mejores por plaza por ámbito territorial», este hecho cambia las reglas del juego porque hasta este momento «nunca se había hecho así, en convocatorias anteriores pasaban como mucho las tres mejores notas, si eran 10 plazas pasaban 30 personas por ejercicio ahora pasarían 100 o más obligatoriamente aunque solo tengan un 60 por ciento del test aprobado» porque además la nota exigida bajará y con tan sólo 60 puntos se podrá pasar el corte cuando con anterioridad era preciso llegar a notas superiores al 80 por ciento de aciertos. «El año pasado únicamente pasaron 1,3 personas», aclara Medina. La intención es evidente.
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En cuanto a la puntuación de la fase de concurso, la que contabiliza méritos como antigüedad o formación, «antes se puntuaba con el 20 por ciento de la nota final mientras que ahora se ha cambiado por un 40 por ciento». Para Medina se está perjudicando al que va por libre que suele partir de cero. Entre las categorías de empleados: auxiliar, tramitador y gestor, el preparador opina que Gestión Procesal y Administrativa «es la única que se salva por el ejercicio de desarrollo que exige bastantes conocimientos y muchas horas de estudio que en último término marcan la diferencia». Otro inconveniente detectado por Medina se refiere a los cursos a tener en cuenta, «puntúa el título oficial de grado en Derecho y los cursos del Ministerio mientras que los otros apenas cuentan».
En base a estas modificaciones Medina cree que la única alternativa que le queda al opositor por libre es la de «crear asociaciones con representación legal e impugnar por la vía contencioso-administrativa para que, si son atendidos, se consiga echar atrás estas reformas de última hora que les colocan en desventaja», porque definitivamente «se está vulnerando el principio de igualdad que establece la ley», concluye.
