La medida, pactada en la Mesa Sectorial, supondrá una mejora en la conciliación y un incremento salarial indirecto al mantenerse las retribuciones por menos tiempo de trabajo.
CEUTA / MADRID – Cambio significativo en las condiciones laborales del sector sanitario. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha confirmado que, a partir del próximo 1 de junio, toda su plantilla en Ceuta, Melilla y el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia comenzará a aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales de promedio. Según informa el diario El Pueblo de Ceuta, este acuerdo se ha formalizado en la reciente Mesa Sectorial celebrada en Madrid bajo la presidencia de Isabel Muñoz.
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Una mejora económica y social
La implementación de esta jornada, que reduce en dos horas y media el horario semanal actual (37,5 horas), conlleva beneficios directos para los trabajadores:
- Subida salarial «en la práctica»: Las autoridades sanitarias destacan que, al mantenerse el mismo sueldo por menos horas de trabajo, la medida supone un incremento real de la retribución por hora.
- Conciliación: La resolución incluye novedades en permisos y flexibilidad horaria, con especial atención al cuidado de hijos y personas mayores.
- Liderazgo frente a otras regiones: Con este cambio, el personal del Ingesa se sitúa con un horario más ventajoso que el de comunidades como Madrid, Cataluña o Navarra, que aún mantienen las 37,5 horas.
Reorganización y nuevas plazas
Para asegurar que la asistencia sanitaria no se vea afectada, las gerencias de los centros ya trabajan en la adaptación de los cuadrantes y sistemas de control horario. La turnicidad seguirá siendo un eje clave para garantizar que los hospitales funcionen con normalidad tras el ajuste.
Además de la jornada laboral, El Pueblo de Ceuta señala que en la misma reunión se informó sobre la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2026. Esta convocatoria, ya publicada en el BOE, cuenta con 396 plazas, convirtiéndose en la más numerosa de la historia del organismo. Sumada a la OPE de 2025, el objetivo del Gobierno es estabilizar a unos 1.500 profesionales en el horizonte cercano, reforzando la estructura del sistema sanitario público en las ciudades autónomas.
