La Ley de Memoria Democrática dignifica, reconoce y repara a las víctimas del franquismo; también declara la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales franquistas y, en consecuencia, el carácter ilegal y radicalmente nulo de las sentencias que dictaron dichos tribunales
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El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, ha valorado la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Memoria Democrática, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007 y que resultó aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021.
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Gutiérrez destaca que el PSOE reivindica la Transición de la Constitución como uno de los momentos más brillantes de la historia de España, momento histórico al que los y las socialistas contribuyeron de manera decisiva, y que supuso pasar de forma pacífica de una cruel dictadura a una avanzada democracia. La memoria democrática supone la culminación del camino democrático y de reconciliación emprendido por la Transición.
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La nueva Ley aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados incluye la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, centrada en el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra edad contemporánea, desde la Constitución de 1812.
También, profundiza en el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. Por primera vez, se incluye de manera expresa en el propio artículo primero el repudio y condena el golpe militar de julio de 1936 y la Dictadura franquista
El secretario general de los socialistas ceutíes recuerda que con la Ley de Memoria Histórica de 2007, los socialistas impulsaron decididamente la recuperación de la memoria histórica y las políticas públicas dirigidas básicamente al reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra y la Dictadura franquista. Quince años después, tras la paralización llevada a cabo por Partido Popular en sus años de gobierno, se puso de relieve algunas cuestiones que necesitaban ser revisadas y algunos déficits que debían ser resueltos para cubrir los objetivos ya previstos entonces.
La nueva norma establece como política pública la exhumación de fosas, que pasará a ser un deber de los poderes públicos, y establece el reconocimiento y homenaje a toda ellas aquellas personas que fueron represaliadas por el franquismo declarando el día 31 de octubre como el día para su homenaje y el 8 de mayo, como reconocimiento de las víctimas del exilio.
Además, sitúa en pie de igualdad a las mujeres que lucharon contra la dictadura, que sufrieron una doble vulneración de derechos y que «alumbraron una España democrática y libre».
