El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo en el que el abogado de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso) reconocía delitos fiscales. Sin embargo, la sentencia contiene una «letra pequeña» que desmonta la estrategia de victimismo del empresario. El Alto Tribunal reconoce la filtración, pero afirma que los hechos que lo cercaban ya eran «de público conocimiento» y que la revelación «no añade demasiado» al perjuicio de su imagen pública. El TS ha rebajado la indemnización solicitada de 300.000 euros a 10.000 euros.
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Condena al fiscal y minimización del daño
La sentencia del Tribunal Supremo, aunque condena a Álvaro García Ortiz por la revelación de la confesión, ha sido cautelosa en el alcance del daño infligido a González Amador, empresario de la compañía Maxwell Cremona investigado por defraudar 350.000 euros con facturas falsas.
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Los puntos clave de la sentencia son:
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- No era un secreto: Los magistrados repiten que, si bien el correo nunca debió ser revelado, la confesión «evidentemente no es un secreto» y todo cuanto rodeaba al empresario ya era «de público conocimiento» a tenor de las publicaciones en los medios.
- «Añade algo, pero no demasiado»: El TS califica de «inacogible alegación» la idea de González Amador de que ya no puede salvarse de una condena por fraude fiscal. Atribuir todas las consecuencias de su imputación únicamente a la filtración es «desmesuradamente ambicioso».
- Indemnización exagerada: El Supremo ha calificado de «exagerada» la petición de indemnización de 300.000 euros y la ha fijado en solo 10.000 euros para resarcir el daño. Esta cifra se sitúa lejos de la fianza inicial establecida por el juez Ángel Hurtado.
El victimismo y la frase lapidaria
La sentencia, que fulmina la carrera de García Ortiz, también desautoriza el discurso de victimización de González Amador. El empresario llegó a declarar ante el Alto Tribunal que, a raíz de la filtración, le habían «destrozado la vida» y que se veía obligado a elegir entre «O me voy de España o me suicido».
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, interrumpió la declaración para espetarle: «No le recomiendo ninguna de las dos». Los jueces consideran que los lamentos de González Amador son excesivos.
Sin efecto otras reclamaciones de honor
En paralelo a la causa penal, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha tumbado las reclamaciones por atentar contra el honor que el empresario había interpuesto contra diversas personalidades políticas y periodísticas.
En concreto, el TS confirmó la decisión de no dar la razón a González Amador en su demanda contra la ministra María Jesús Montero, a la que pedía 40.000 euros. El Supremo dictaminó que el receptor de las palabras es «una personalidad con notoriedad pública» y que las expresiones, aunque «desabridas e hirientes», entran dentro de la «crítica política» y no atentan contra el honor del demandante, al plasmar «hechos demostrados: que González Amador es un ‘defraudador confeso'».
