La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima las peticiones de Vox e Iustitia Europa debido a la falta de margen temporal ante las elecciones del 29 de noviembre.
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Los cerca de 190.000 descendientes de españoles nacionalizados en el extranjero mediante la Ley de Memoria Democrática mantendrán su derecho al sufragio en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud presentada por Vox y la formación Iustitia Europa, que buscaban extender a este colectivo la suspensión del voto que el propio tribunal había decretado en septiembre para más de 163.000 beneficiarios directos de la norma.
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El fallo judicial respalda los argumentos planteados por la Abogacía del Estado, determinando que alterar la composición del censo electoral a escasas fechas del inicio de la campaña y del depósito del voto consular atentaría de forma directa contra los principios de seguridad jurídica y estabilidad en el proceso electoral.
Cronología del conflicto judicial
| Fecha / Hito | Decisión del Tribunal Supremo / Contexto |
| Septiembre | El Supremo acuerda suspender cautelarmente el derecho al voto a más de 163.000 nacionalizados bajo el apartado 1.1 de la Ley de Memoria (hijos y nietos del exilio). |
| Petición de Vox e Iustitia Europa | Solicitan extender la medida al apartado 1.b (Anexo III), afectando a 189.678 hijos mayores de edad de nacionalizados. |
| Oposición de la Abogacía del Estado | Advierte del riesgo de colapso en los trámites consulares y posibles distorsiones en el escrutinio del 29-N si se revisa el censo a última hora. |
| Resolución actual | El Supremo rechaza la extensión cautelar por la imposibilidad material de revisar el CERA con el proceso electoral ya iniciado. |
Inviabilidad material y complejidad técnica
El tribunal ha puesto de relieve el «breve lapso temporal» existente hasta la cita con las urnas. La solicitud fue tramitada cuando ya se había rebasado el ecuador del periodo electoral y faltaban solo dos semanas para que comience el depósito del voto en urna en los consulados de España en el exterior.
Asimismo, la Abogacía del Estado remarcó durante el procedimiento que en las cifras del censo del 1 de agosto (que suma 189.678 inscritos por esta vía) se incluyen también los descendientes de beneficiarios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007. Dado que la Administración no dispone de un desglose exacto entre ambas normas sin llevar a cabo una revisión manual de los expedientes consulares, aplicar la medida solicitada habría puesto en riesgo el cumplimiento legal de los comicios y la validez del escrutinio final.
