MADRID — La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles que alrededor de 190.000 hijos e hijas de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la conocida como «ley de nietos» podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
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El Alto Tribunal ha desestimado por mayoría el recurso de reposición interpuesto por Vox —que solicitaba extender la suspensión del sufragio a este colectivo—, manteniendo así el criterio de que, a estas alturas del calendario electoral y con los comicios a la vuelta de la esquina, no resulta viable acometer una nueva revisión del censo.
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Diferencia de criterio respecto a los progenitores
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Esta decisión marca una diferencia sustancial con la situación procesal de sus padres y madres. Cabe recordar que el propio Supremo mantiene suspendido de forma cautelar el derecho al voto de los ciudadanos que adquirieron directamente la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática (la denominada «ley de nietos»), salvo que acrediten documentalmente ser descendientes directos de exiliados políticos. Según los datos aportados por la Abogacía del Estado, esta medida restrictiva afecta finalmente a algo más de 113.000 personas en el censo exterior (CERA).
Sin embargo, en el caso de los hijos de estos nacionalizados, el tribunal ha considerado que una modificación o depuración del censo a tan poco tiempo de la jornada electoral afectaría de manera crítica a las garantías jurídicas y al derecho fundamental de sufragio, permitiendo finalmente que este grupo participe en las urnas del 29-N. La resolución judicial ha contado con algún voto discrepante partidario de haber suspendido también su participación y con votos concurrentes de los magistrados.












