España sigue siendo el único país de la Unión Europea que no ha aplicado el régimen de “IVA franquiciado” para los autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales, a pesar de que la normativa comunitaria obliga a los estados miembros a adoptarlo.
La Comisión Europea (CE) abrió ya en enero un expediente contra España por no haber incorporado la Directiva 2020/285, que prevé que los pequeños negocios y profesionales autónomos puedan emitir facturas sin IVA, eliminar declaraciones trimestrales y aliviar cargas administrativas.
Según asociaciones del sector, como ATA, alrededor de 500.000 autónomos podrían beneficiarse directamente de la exención si se aplicase.
Qué supone la exención — y lo que se pierde
- Con el régimen de IVA franquiciado, un trabajador por cuenta propia con facturación anual menor a 85.000 € podría emitir facturas sin añadir IVA, y no estaría obligado a presentar los modelos de declaración correspondientes.
- Esto permitiría ofrecer precios más competitivos —al no repercutir el 21 % del IVA— y aliviaría la carga burocrática, algo que muchas pequeñas empresas y autónomos consideran una de las mayores barreras para su actividad.
- En cambio, al no aplicarse en España, estos profesionales siguen soportando todos los trámites del régimen general del IVA, independientemente de su nivel de facturación.
Reacciones del sector
Desde ATA, su presidente calificó de “incomprensible” que España haya rechazado la medida cuando otros países de la UE ya la aplican, y recordó que esa exención permitiría “quitar trabas” al colectivo.
Por su parte, la organización UPTA acusa al Ministerio de Hacienda de paralizar unilateralmente la aplicación del régimen de franquicia, previsto inicialmente para enero de 2025.
Algunos gobiernos locales —como el del Ayuntamiento de Madrid— también han mostrado su rechazo a la política fiscal hacia autónomos y han pedido la exención del IVA para quienes facturen por debajo del umbral comunitario.
Riesgos y consecuencias
La no implementación de la exención no es solo una cuestión de burocracia o fiscalidad: el incumplimiento de la directiva comunitaria expone a España a sanciones por parte de la CE.
Mientras tanto, muchos pequeños negocios y profesionales podrían seguir con dificultades para competir frente a empresas de países donde la exención ya está vigente, lo que podría afectar a su viabilidad y a la economía de proximidad.
Lo que piden los autónomos
Los colectivos reclaman:
- La aplicación inmediata del régimen de IVA franquiciado para todos los autónomos que facturen menos de 85.000 €.
- Una simplificación administrativa real, que alivie la carga de declaraciones periódicas.
- Que España deje de ser “la excepción” en la UE en materia de impuestos a pequeñas empresas y autónomos.
