La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados y una multa de 7.200 euros— ha desencadenado una fuerte tormenta política y precipitado el inicio del proceso para su relevo. El Gobierno ha anunciado que activará el nombramiento de un nuevo fiscal general “en los próximos días”, mientras la oposición intensifica sus críticas.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado la sentencia como un punto de inflexión: “marca un antes y un después”. Según el dirigente popular, el Supremo “condena al fiscal por una conducta incompatible con su cargo” y deja claro que “quien debía perseguir el delito, lo cometió”. Feijóo ha insistido en que la separación de poderes “se ha visto completamente atropellada” y ha acusado a García Ortiz de haberse convertido en “un peón en la estrategia política del Ejecutivo” contra el PP.
La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha ido más allá y ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado la repercusión internacional de la sentencia: “Toda la prensa internacional recoge el fallo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España”, ha escrito en redes sociales.
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Desde el Ejecutivo, diversos ministros han expresado su malestar por la condena, aunque el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llamado a mantener la confianza en las instituciones: “La discrepancia con esta decisión no puede conllevar desconfianza hacia la justicia”.
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Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha interpretado el fallo como un mensaje político: “Ayuso no se toca”, ha señalado.
Mientras el Gobierno prepara el relevo en la Fiscalía General, la sentencia continúa alimentando un clima de confrontación que vuelve a situar en el centro del debate la relación entre política y justicia en España.
