El Ministerio Fiscal ha dado un paso decisivo para sentar en el banquillo a la organización criminal desarticulada por la UDYCO el pasado mes de octubre. Según adelanta El Faro de Ceuta, el escrito de calificación provisional ya es firme y mantiene acusaciones contra 25 personas por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, enfrentándose los cabecillas a penas que superan los siete años de cárcel.
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Una estructura profesional: «Ingeniería» al servicio del hachís
La investigación, que se prolongó durante más de un año, permitió a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía conectar hasta ocho pases de droga fallidos ocurridos entre junio de 2024 y octubre de 2025.
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Lo que más ha sorprendido de esta red era su alto grado de especialización técnica. La organización no utilizaba métodos rudimentarios; según el escrito fiscal, empleaban vehículos y embarcaciones con dobles fondos electrónicos:
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- Sistemas magnéticos: Habitáculos que solo se abrían mediante imanes de seguridad.
- Control remoto: Trampillas ocultas activadas por mandos a distancia.
- Logística de «especialistas»: Estructuras clandestinas diseñadas para burlar los controles policiales en el trayecto de Ceuta a Algeciras.
Roles definidos: Del «Banco» al «Notario»
La Fiscalía describe una jerarquía casi empresarial. En la cúspide se sitúa un matrimonio: R.D.G., señalado como el organizador del grupo, y su esposa P.C.T., acusada de cooperadora y de presuntas extorsiones para garantizar el silencio de los pasadores. Junto a ellos, M.N.Ch.A. ejercía como colíder encargado de la recepción de la mercancía desde Marruecos.
El resto de la estructura se dividía en funciones muy específicas para minimizar riesgos:
- El «Banco»: Encargado de custodiar el dinero en efectivo.
- El «Notario»: Labores de vigilancia y «lanzadera» para avisar de presencia policial.
- La «Caleta»: Viviendas utilizadas como talleres para el envasado y ocultación de la droga.
El balance de la operación
En total, el Ministerio Público vincula a este grupo la incautación de 885 kilos de hachís, además de numeroso dinero en metálico y una flota de vehículos y barcos preparados para el tráfico ilícito.
Aunque los acusados presumían de tener información privilegiada sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad, la operación de la UDYCO de octubre de 2025 logró desmantelar la red sin que se detectara implicación de agentes de la autoridad en la trama.
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