El pasado 29 de abril, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, vivió un incidente público en el que el agitador ultra Vito Quiles la grabó en un vídeo mientras se encontraba en una cafetería con amigas. La situación ha generado una polémica política y mediática en España, que ha derivado en medidas internas dentro del dispositivo de seguridad de Presidencia.
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Según sindicatos policiales, entre ellos JUPOL, tres de los cuatro escoltas que acompañaban a Begoña Gómez aquel día fueron apartados de sus funciones. Los agentes habrían recibido la orden directamente desde Presidencia, lo que ha generado malestar en el cuerpo policial.
Laura García, portavoz de JUPOL, explicó a laSexta que los escoltas simplemente cumplieron con las instrucciones de Begoña Gómez, quien pidió privacidad y espacio para compartir un momento con sus amigas. “La decisión de apartar a los compañeros llega desde Presidencia, y ellos solo obedecieron órdenes expresas de la señora Gómez para romper la cápsula de seguridad y garantizar su tranquilidad”, afirmó García.
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La reacción de los escoltas
Uno de los cuatro agentes se habría puesto a disposición de sus superiores tras los hechos, aunque los otros tres fueron «castigados» según el sindicato. La medida ha sido criticada por considerarla incomprensible y desproporcionada, ya que los agentes actuaron siguiendo protocolos y órdenes de su protegida.
El sindicato subraya que estos movimientos internos pueden afectar la moral del personal encargado de la seguridad de altos cargos, y genera un debate sobre la autonomía de los escoltas frente a decisiones políticas en situaciones de riesgo público.
Contexto del incidente
El vídeo de Vito Quiles se viralizó rápidamente, generando comentarios sobre la exposición mediática de la familia presidencial. La grabación, según denuncias, violaba la privacidad de Begoña Gómez, aunque no se produjeron daños físicos. A raíz de ello, la Policía Nacional ha tenido que justificar sus protocolos y la actuación de los escoltas, mientras los sindicatos defienden la profesionalidad de los agentes.
El caso mantiene expectante a la opinión pública y añade una nueva polémica al debate sobre la seguridad y privacidad de las figuras públicas en España.
