La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha emitido un informe en el que señala que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aportó información incompleta y carpetas totalmente «vacías» tras los requerimientos judiciales sobre el préstamo público a la aerolínea Plus Ultra. Por su parte, fuentes de la SEPI consultadas por EFE han reiterado su «máxima colaboración con la Justicia».
El documento policial se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a la compañía aérea. En esta causa se investiga al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien los investigadores consideran el presunto líder de la estructura de influencias.
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Archivos corruptos, correos irrelevantes y carpetas sin contenido
El análisis de la UDEF detalla que la documentación entregada por el organismo estatal tras un primer requerimiento presentaba serias deficiencias:
- Carpetas vacías: Aunque los nombres de las carpetas coincidían con el índice entregado, varias de ellas carecían por completo de archivos en su interior.
- Bloqueo de archivos: Diversos documentos aportados por la SEPI no se podían abrir debido a fallos de formato o corrupción de los datos.
- Correos sin relevancia: Las comunicaciones electrónicas incorporadas al expediente se limitaban a intercambios entre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y la aerolínea correspondientes únicamente al año 2025, omitiendo el periodo clave de la concesión de la ayuda.
Pese a que el juzgado emitió un segundo requerimiento para subsanar estos errores, la Policía Nacional destaca que la SEPI volvió a incurrir en los mismos fallos, dejando fuera del expediente documentos que resultan cruciales para la causa.
Faltan certificados clave y contratos de aviones
La UDEF pone como ejemplo la carpeta destinada a la documentación que Plus Ultra entregó a la consultora Deloitte para la elaboración de su informe legal. En dicho apartado no aparecen documentos obligatorios a los que la propia consultora hace referencia en sus textos, tales como el certificado de estar al corriente de las deudas con la Seguridad Social o el contrato de arrendamiento de una de sus aeronaves.
Ocultación del «flujo de comunicación»
Los investigadores aclaran que, mediante otros indicios hallados, queda acreditado que existió un «flujo de comunicación permanente» entre los directivos de Plus Ultra y el exdirectivo de la SEPI, José Ángel Partearroyo, durante las fechas en las que se tramitaba la ayuda pública. Sin embargo, estas conversaciones no fueron incorporadas al expediente judicial, salvo alguna excepción puntual en formato PDF.
Documentos en fuentes abiertas: La Policía recalca que la SEPI omitió incluso documentos que son de acceso público, como las actas de las reuniones del propio organismo celebradas los días 9 y 23 de febrero de 2021, fechas críticas en el proceso de aprobación del rescate. El informe concluye advirtiendo un cruce de anomalías: existen documentos en manos del juez que la SEPI no ha entregado, y viceversa.
