Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular acudirán este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera con fuertes críticas al sistema actual. Consideran que es un modelo obsoleto, y reclamarán más recursos y equidad frente a lo que denuncian como privilegios fiscales a Cataluña.
Este lunes se celebra una nueva sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con un ambiente de desconfianza generalizada por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Las autonomías conservadoras consideran que el actual sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, necesita una reforma urgente, y acusan al Gobierno central de mantener paralizado el debate.
Andalucía, por ejemplo, exigirá 4.000 millones de euros de financiación extra, una cifra que la ministra María Jesús Montero ya reclamó cuando era consejera andaluza en 2018. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha insistido en que su comunidad no pide privilegios, sino justicia financiera. Madrid, por su parte, anticipa «poco» del encuentro y tacha de inútil un sistema de financiación que ya no responde a las necesidades reales del territorio.
El Ejecutivo convocó este CPFF para abordar los objetivos de estabilidad financiera con vistas a los Presupuestos Generales del Estado de 2026, así como para informar del estado de la futura reforma del modelo. Sin embargo, las comunidades del PP temen que la cita sea solo un acto formal sin resultados concretos. Acusan al Gobierno de Sánchez de actuar «bloqueado» y de ceder ante las demandas de los partidos independentistas.
La Comunidad Valenciana volverá a poner sobre la mesa su infrafinanciación histórica y exigirá soluciones inmediatas. En Castilla y León, el consejero Carlos Fernández Carriedo pedirá un modelo que contemple factores como la dispersión geográfica y la esperanza de vida. Desde Galicia, el presidente Alfonso Rueda también ha lamentado que el Gobierno «no se tome en serio» el debate.
Las CCAA populares también denunciarán cualquier intento de establecer un «cupo catalán», una fórmula de financiación singular que consideran inaceptable y que podría romper la equidad entre regiones. Reclaman un enfoque multilateral, en el que todas las comunidades autónomas tengan voz y voto.
