Leire Díez, conocida en algunos círculos como la ‘fontanera’ del PSOE, mostraba una integración plena en la estructura del partido antes de que su figura se viera envuelta en polémica. Aunque actualmente algunos miembros del PSOE aseguren no conocerla, la hemeroteca demuestra lo contrario: Díez participó activamente en actos relevantes junto a altos cargos del Gobierno y del partido.
Un documento gráfico al que ha tenido acceso LA RAZÓN confirma su presencia en el acto central del PSOE por el 8-M de 2020, celebrado el 3 de marzo, apenas diez días antes de que se decretase el Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19. Durante el evento, que duró menos de 50 minutos, Díez se situó en primera fila, con su teléfono móvil en mano, grabando y fotografiando la jornada, muy cerca de figuras como la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, con quien compartió gestos de complicidad.
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En la misma fila estaban también otros miembros del Ejecutivo y del partido, como el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias; la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Además, participó el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid en aquel momento, Ángel Gabilondo.
La familiaridad de Díez con la cúpula socialista quedó patente al final del acto, cuando se colocó frente al escenario para fotografiar a las principales figuras del partido, manteniendo este papel durante toda la jornada. Meses después, el 24 de noviembre de 2020, moderó incluso una charla feminista en Ferraz junto a Pilar Llop, quien posteriormente sería ministra de Justicia.
Estas imágenes y hechos contrastan con el actual discurso de desvinculación de Díez y ponen en entredicho la narrativa de quienes ahora intentan presentarla como una desconocida para la dirección del PSOE. La exmilitante se encuentra actualmente investigada por la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.
