El candidato de Renovación Popular, actualmente fuera de la segunda vuelta, apela al anonimato de funcionarios electorales mientras las misiones internacionales avalan la integridad de los comicios.
LIMA – En un giro drástico tras los comicios generales del pasado domingo y lunes, el candidato de ultraderecha Rafael López Aliaga ha anunciado una recompensa económica de hasta 20.000 soles (aproximadamente 5.700 dólares) para aquellos funcionarios que entreguen evidencias de supuestas irregularidades. La medida busca sustentar sus denuncias de fraude, las cuales, hasta el momento, carecen de respaldo probatorio.
Incentivo al «anonimato»
A través de sus canales oficiales, el líder de Renovación Popular se dirigió directamente a los trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y empresas vinculadas al proceso.
«Si tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece S/. 20,000 de recompensa», manifestó el empresario, garantizando total confidencialidad y una dirección de correo específica para recibir las filtraciones.
Contexto de una derrota ajustada
La ofensiva de López Aliaga coincide con el avance del escrutinio, que lo sitúa actualmente en el tercer lugar, fuera de la carrera por la presidencia. Con el 92,12 % de las actas procesadas, el panorama es el siguiente:
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 17,05 % (Asegura su pase a la segunda vuelta).
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 12,05 %.
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 11,86 %.
La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 29.013 votos, lo que ha llevado al exalcalde de Lima a elevar el tono de sus protestas, llegando incluso a pedir la detención de los organizadores electorales y llamar a la «insurgencia» de sus seguidores.
Argumentos y Observación Internacional
El argumento central de la ultraderecha se basa en los retrasos logísticos que impidieron la apertura a tiempo de varios centros de votación en Lima. Según Aliaga, estos incidentes le habrían costado cerca de medio millón de votos, aunque no ha presentado un sustento estadístico para dicha cifra.
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Por el contrario, observadores de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han ratificado la transparencia de la jornada. Si bien reconocieron las deficiencias logísticas, concluyeron que estas no invalidan la integridad del proceso ni configuran un escenario de fraude sistemático.
Resolución en los tribunales
Con cerca de 5.000 actas impugnadas (más del 5 % del total), el futuro político de Perú se decidirá ahora en los jurados electorales especiales, quienes determinarán quién acompañará finalmente a Fujimori en la votación definitiva.
