Representantes del sector hostelero critican la falta de avances del Gobierno de Ceuta en la implementación de una nueva normativa prometida, y advierten sobre los riesgos que enfrentan pequeños empresarios y autónomos debido a sanciones y clausuras en plena temporada alta
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En una reunión celebrada en diciembre con líderes del sector empresarial, el principal responsable de la Consejería se comprometió a desarrollar una normativa moderna y acorde con las necesidades actuales, una solicitud que el sector lleva años demandando. Esta medida es esencial para el crecimiento económico de un sector clave para el empleo.
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En consonancia con este compromiso, en enero se inició un periodo de consultas en el que los representantes del sector presentaron propuestas de modificaciones basadas en diversas normativas nacionales. Sin embargo, a las puertas del verano, nos encontramos sin avances y con terrazas cerradas, expedientes de clausura y multas que amenazan la actividad en una época crucial para el sector.
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La excusa presentada por el señor Ramírez y la directora de Fomento, la señora Visiedo, de falta de recursos, no justifica la paralización de una actividad en su mayoría gestionada por pequeños empresarios y autónomos. Los últimos datos reflejan una tendencia a la baja en el entorno empresarial, y la Administración local dispone de presupuesto y medios legales suficientes, como la licitación o la encomienda de gestión, para poder desarrollar tanto la normativa como otras leyes que fortalezcan el tejido productivo de la ciudad.
Hasta ahora, los hechos muestran una falta de voluntad política y una actitud no deseada por el sector, especialmente tras las declaraciones en la Asamblea, donde se sugirió que la solicitud de una nueva normativa se debía a «la defensa de empresarios que no están cumpliendo las normas». Estas palabras son beligerantes, poco constructivas y, desde luego, no se alinean con el espíritu de colaboración y el trato que desde el sector se le ha mostrado al señor Ramírez.
En relación al tema del ruido, han señalado que no puede utilizarse como una herramienta de amenaza hacia el sector, y mucho menos desde la Asamblea, sin haber involucrado en ningún momento al sector y sin haber convocado la mesa del ruido desde hace más de cinco años. Es importante recordar que, en todo el territorio nacional, la hostelería y los residentes coexisten sin enfrentamientos, bajo normativas claras que combinan ambos intereses. Por ello, se insta a utilizar los cauces de comunicación que siempre han existido y a convocar la Mesa del Ruido.
El sector ha demostrado en numerosas ocasiones su disposición a cooperar y dialogar, participando en múltiples reuniones, presentando propuestas y elaborando bases de normativas. Sin embargo, si la voluntad política persiste en actuar unilateralmente mediante sanciones y clausuras, el sector se verá obligado a organizar movilizaciones, tomar medidas legales y exigir acciones y voluntad política para mantener el empleo y el tejido empresarial local, tan debilitado y desatendido en la ciudad.
Las entidades empresariales han reiterado su demanda de una nueva normativa consensuada y adecuada que permita un desarrollo sostenible del sector hostelero en nuestra ciudad.
