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MADRID.– El panorama político en el Congreso de los Diputados ha experimentado un notable giro de guion en las últimas 24 horas. Los socios del Gobierno de coalición (Sumar) y aliados clave de la investidura (como ERC y Podemos) han rebajado el tono y han optado por la prudencia tras conocer los detalles del auto judicial de 85 páginas que imputa al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
Este escenario contrasta drásticamente con las reacciones del pasado martes, cuando las formaciones de izquierda cerraron filas denunciando de forma unánime un presunto caso de lawfare o «guerra sucia judicial». Sin embargo, la contundencia de los indicios reflejados en el documento de la Audiencia Nacional —que acusa a Zapatero de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el marco del ‘caso Plus Ultra’— ha obligado a las formaciones a modular sus discursos.
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De la denuncia de ‘lawfare’ a la petición de investigación
La evolución de las declaraciones de los principales portavoces parlamentarios refleja un paso del blindaje político a la exigencia de aclaraciones:
- Sumar: La portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, que el martes apuntaba directamente a una persecución judicial, ha afirmado ahora que «los jueces tienen que hacer su trabajo» y que desean que «todo se investigue». No obstante, matizó que «imputar a políticos de izquierdas parece que resulta cada vez más fácil». En privado, varios diputados del grupo confiesan a la Agencia EFE que el auto contiene bastantes indicios incriminatorios.
- Izquierda Unida y Compromís (dentro de Sumar): Las posturas internas muestran una clara preocupación. El diputado de IU, Enrique Santiago, evitó utilizar el término lawfare y fue tajante: «Si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito». Por su parte, Alberto Ibáñez (Compromís) reconoció abiertamente que el escrito del juez «no huele bien».
Reacciones del bloque de investidura: «El auto está muy bien escrito»
Los apoyos parlamentarios habituales del Ejecutivo también han rebajado la intensidad de sus críticas hacia la judicatura tras estudiar el texto provisional de la Audiencia Nacional.
Gabriel Rufián (ERC)
El portavoz republicano, que apenas 24 horas antes aseguraba que la justicia «iba a por el PSOE», cambió el paso este miércoles durante la sesión de control al Ejecutivo. Aunque insistió en que existe una «cacería judicial» generalizada contra la izquierda, admitió ante el presidente Pedro Sánchez que el auto judicial está «muy bien escrito» y sentenció de forma gráfica:
«Si es verdad es una mierda y si es mentira es una mierda aún mayor».
Ione Belarra (Podemos)
La líder de la formación morada se había sumado el martes a la tesis de la «guerra sucia judicial» argumentando que la derecha «le tiene muchas ganas» al expresidente por su perfil político. Tras la publicación de los detalles del auto, Belarra ha evitado profundizar en la conspiración política y se ha limitado a reconocer que la situación «no pinta bien».
Por otro lado, diputadas como Àgueda Micó (Compromís, Grupo Mixto) han manifestado abiertamente sus dudas de que se trate de un caso de persecución política, mientras que el PNV, por boca de su portavoz Maribel Vaquero, se ha mantenido en una postura lineal desde el principio, volviendo a apelar a la máxima prudencia institucional.
