El Gobierno ha iniciado los trámites para renovar el Estatuto del Estudiantado Universitario, una norma que sustituirá a la vigente desde 2010. El nuevo proyecto de real decreto, que estará en consulta pública hasta el 15 de abril, busca adaptar la universidad a la realidad social actual, facilitando especialmente que los alumnos puedan compatibilizar sus estudios con una actividad laboral.
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El texto nace tras un consenso previo con rectores (CRUE) y las principales organizaciones estudiantiles (CEUNE y CREUP), con el fin de actualizar un marco normativo que se había quedado atrás tras quince años de cambios en el sector.
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Respuesta a la crisis del alojamiento
Uno de los motores principales de esta reforma es la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda. El encarecimiento de los alquileres —con subidas de hasta el 14% en habitaciones para estudiantes— ha forzado a muchos alumnos a trabajar para costearse la estancia.
- Vivienda y becas: La CREUP exige planes urgentes para residencias públicas y regulación de precios, advirtiendo que la falta de alojamiento asequible amenaza la igualdad de oportunidades.
- Perfil del estudiante: El estatuto reconocerá esta realidad laboral para que el ritmo académico no suponga un obstáculo para quienes necesitan ingresos propios.
Tensión en la oferta de plazas
El decreto también pondrá el foco en el desequilibrio entre la oferta y la demanda académica. Durante el curso 2024-2025, el sistema público registró una competencia feroz:
| Titulación | Ratio de solicitudes por plaza |
| Medicina | 10 solicitudes por plaza |
| Veterinaria | 7 solicitudes por plaza |
En total, más de 475.000 solicitudes compitieron por apenas 245.000 plazas, un escenario que se ve agravado por el auge de las universidades privadas y la expansión de la docencia virtual.
Nuevos derechos y calidad académica
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que el objetivo es «transitar hacia un futuro de progreso» garantizando que el esfuerzo de las familias se traduzca en títulos con altos estándares de calidad.
- Inclusión y discapacidad: Se fortalecerá el carácter inclusivo de los campus, blindando los derechos del alumnado con discapacidad.
- Participación activa: Se regulará de forma más estricta el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado para que la voz del alumno tenga más peso en la vida institucional.
- Prácticas y movilidad: La norma mejorará las garantías de calidad en las prácticas externas y facilitará los programas de movilidad nacional e internacional.
Finalmente, el decreto actualizará los sistemas de evaluación y seguimiento del aprendizaje, adaptándolos a los nuevos modelos pedagógicos surgidos en la última década.
