El actual Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se ha convertido en una figura clave detrás del diseño y ejecución de la operación militar conocida como ‘Resolución Absoluta’. Esta iniciativa culminó el 3 de enero, llevando a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a una prisión en territorio estadounidense.
La justificación por parte de la Casa Blanca radica en los múltiples cargos que ambos enfrentan, incluyendo narcoterrorismo y corrupción. Rubio enfatizó: «Nicolás Maduro fue imputado en Estados Unidos en 2020. No es el presidente legítimo de Venezuela, es un fugitivo de la justicia estadounidense». Este discurso se enmarca en una estrategia más amplia para intervenir en la soberanía de Venezuela.
Las declaraciones recientes de Rubio han modificado la narrativa, anunciando que no se contemplan nuevas acciones militares y que Maduro será juzgado en su país. Este cambio es parte de una estrategia que se viene gestando desde hace más de 15 años, la cual llevó a Rubio a ocupar un rol central en la política exterior estadounidense desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump.
Desde su posición, Rubio ha descrito la situación en Venezuela como «intolerable» y ha reiterado que el régimen de Maduro representa una amenaza inmediata para la seguridad hemisférica. En estos términos, Caracas ha sido presentada como una «fuerza desestabilizadora», colaborando con redes criminales y grupos como Hezbolá, justificando así la intervención militar estadounidense en contra del derecho internacional.
La presión sostenida por parte de Rubio ha llevado a la implementación de sanciones severas contra Venezuela desde 2010, y ha impulsado bloqueos financieros destinados a aislar al chavismo. Esta narrativa se volvió más contundente al duplicar, en 2025, la recompensa por información que condujera a la detención de Maduro, traduciendo la retórica en acciones concretas de presión.
El enfoque de Rubio también ha implicado una asociación constante entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, formando un eje considerado ‘insostenible’ para EE.UU. Así, la operación militar dejó de ser vista como una acción aislada de Donald Trump y se inserta dentro del marco de la ‘seguridad nacional’ estadounidense, reflejando un cambio en la estrategia militar hacia América Latina.
El tránsito del discurso a la acción fue gradual, al anunciar Rubio en marzo de 2025 que Venezuela enfrentaría «sanciones severas» si no cooperaba en repatriar ciudadanos estadounidenses. Esto culminó en la captura de Maduro, permitiendo a Rubio articular la narrativa de que la acción no representaba una guerra, sino que era un mandato judicial.
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El trasfondo personal de Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, también influye en su visión sobre América Latina. Esta historia se entrelaza con su perspectiva sobre Venezuela, donde considera que la caída de Maduro debilitaría a Cuba, históricamente dependiente de los recursos venezolanos.
La relación de Rubio con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha sido clave en este contexto. Su apoyo ha concedido legitimidad internacional a la oposición, aunque recientes comentarios de Trump cuestionaron la capacidad de Machado para liderar la transición. A pesar de esto, la colaboración entre ambos continúa evidenciando una estrategia coherente en procura de derrocar el régimen de Maduro.
