El nuevo programa permite a los menores de 35 años descontar hasta 28.800 euros del precio final de la vivienda protegida. La medida, que busca paliar la escalada de precios, incentiva a los propietarios a ofrecer arrendamientos que faciliten el acceso progresivo a la propiedad.
El mercado del alquiler en España continúa ejerciendo una presión asfixiante sobre los jóvenes, cuya edad media de emancipación ya supera los 30 años según Eurostat. Tras un 2025 que cerró con un incremento interanual del 5,8%, los precios han alcanzado cotas históricas. Aunque el inicio de 2026 ha registrado una ligera moderación —con una subida del 5,3% en enero y un precio medio de 14,38 euros por metro cuadrado, según Fotocasa—, los expertos advierten de que esta desaceleración responde a la falta de capacidad de pago de los inquilinos y no a una mejora real de la oferta.
Ante este escenario, el Ejecutivo ha puesto en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un paquete de medidas que busca transformar el modelo de acceso a la vivienda, priorizando fórmulas que combinen el arrendamiento con la adquisición final del inmueble.
La clave: alquiler con opción a compra en vivienda protegida
La medida estrella del nuevo plan es la subvención destinada al alquiler con opción a compra, diseñada específicamente para viviendas de protección permanente. A diferencia de otras ayudas directas al inquilino, este incentivo se concede al propietario o promotor del inmueble para fomentar que saquen al mercado viviendas bajo este régimen asequible.
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El funcionamiento es sencillo pero ambicioso: el contrato debe estipular que la totalidad de las rentas abonadas por el joven durante el periodo de alquiler se deduzcan del precio final de venta. El objetivo es que el esfuerzo económico realizado durante el arrendamiento se convierta en una forma de ahorro previo para la propiedad, reduciendo la barrera de entrada que suponen los préstamos hipotecarios actuales.
Requisitos y cuantías: hasta 28.800 euros de ayuda
Para acceder a este programa, la normativa establece criterios estrictos de edad y situación patrimonial:
- Edad: Los inquilinos deben tener un máximo de 35 años en el momento de la firma. Si la vivienda es compartida por dos personas, ambas deben cumplir el requisito.
- Patrimonio: Quedan excluidos aquellos jóvenes que ya posean una vivienda en propiedad en cualquier punto de España.
- Plazos: La opción de compra debe ejercerse en un periodo de entre uno y tres años desde la formalización del contrato.
En cuanto al apoyo financiero, la ayuda puede alcanzar los 28.800 euros, equivalentes a las rentas de alquiler devengadas. Además, el plan contempla un incentivo adicional para el promotor de hasta 25.290 euros por vivienda, lo que eleva el apoyo total para hacer viable la operación. Los ingresos de la unidad de convivencia se verificarán tanto al inicio como en el momento de ejercer la compra, asegurando que no superen los límites fijados para la vivienda protegida.
Gestión autonómica y solicitud
La implementación de estas ayudas recae sobre las Comunidades Autónomas, que serán las encargadas de abrir las convocatorias y ajustar los precios máximos según la realidad de cada mercado local. Es el propietario quien debe presentar la solicitud de la ayuda, aportando la documentación que acredite que los jóvenes inquilinos cumplen con los perfiles de edad e ingresos requeridos.
Con este modelo, el Gobierno espera no solo aliviar la carga mensual de los jóvenes, sino ofrecer una vía de escape frente a un mercado de alquiler libre que, pese a la leve desaceleración en el ritmo de subidas, sigue resultando inalcanzable para gran parte de las nuevas generaciones.
