La formación morada registra una proposición en el Congreso para suprimir por ley las prolongaciones de jornada, fijar el límite semanal en 35 horas y prohibir trabajar de manera ordinaria los fines de semana salvo en servicios esenciales.
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Podemos ha lanzado una ofensiva en el Congreso de los Diputados con una batería de medidas de calado laboral que busca transformar por completo el modelo productivo y el mercado de trabajo en España. La formación ha registrado una proposición para prohibir de forma generalizada las horas extraordinarias, una medida con la que pretende acabar con la prolongación encubierta de las jornadas y fomentar la creación neta de empleo.
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Bajo la premisa de que las horas extra perjudican la conciliación y tiran a la baja la productividad, el partido propone vetar su realización salvo excepciones muy tasadas y vinculadas a emergencias o situaciones de fuerza mayor. «Es inaceptable que se normalice trabajar por encima del pacto laboral mientras miles de personas sufren el desempleo o la precariedad», señalan desde la formación liderada por Ione Belarra.
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Jornada máxima de 35 horas y fin de semana blindado
Junto a la supresión de los excesos horarios, la iniciativa legislativa plantea rebajar por ley la jornada laboral máxima ordinaria hasta las 35 horas semanales, un paso más allá de los debates actuales sobre las 37,5 horas. El objetivo, según defienden, es repartir el tiempo de trabajo y garantizar que el incremento de la eficiencia tecnológica y digital repercuta directamente en la calidad de vida de los trabajadores.
Asimismo, el texto incluye un veto explícito a la actividad laboral ordinaria durante los fines de semana. La propuesta busca blindar el sábado y el domingo como días de descanso generalizado para el conjunto de los asalariados, limitando la apertura y la actividad exclusivamente a aquellos sectores considerados servicios esenciales, como la sanidad, las emergencias o determinados transportes públicos.
Un debate encendido en plena negociación política
La propuesta llega en un momento de máxima tensión en el arco parlamentario en torno a las condiciones laborales y la reducción de la jornada, abriendo un frente exigente para el Gobierno de coalición. Mientras los sindicatos valoran positivamente los debates orientados a recortar tiempo de trabajo, patronales y sectores empresariales ya han advertido del impacto negativo que una prohibición total de las horas extra y el cierre dominical tendrían sobre la competitividad, la flexibilidad de las empresas y los sectores turísticos y comerciales.














