CCOO y UGT están convencidos de que «estas actuaciones responden a un plan oculto del presidente de la empresa y del director territorial de Andalucía para desguazar la compañía, acabando con el servicio público postal a través de la precarización de las condiciones de trabajo«
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Los sindicatos CCOO y UGT, mediante una nota de prensa conjunta, denuncian que Correos «ha iniciado un proceso de desmantelamiento cuyo primer paso es la supresión de 37 puestos en toda la Zona 6, que comprende Andalucía, Ceuta y Melilla, previstos para el mes de marzo, además del cierre definitivo de los centros logísticos de Jaén y Huelva«.
Los sindicatos advierten que no están de acuerdo con la justificación, sostenida en la «disminución del flujo de correspondencia«, que defiende la empresa. «Solo en los meses de noviembre y diciembre de 2020 se han distribuido casi 40 millones de paquetes, lo que supone un aumento del 45% del volumen de negocio en relación con el mismo periodo del año anterior», señala el comunicado remitido por los sindicatos. «Además, lo hace sin soporte documental ninguno, ocultando datos y con el mero fin de ajustar costes laborales llevándose por delante derechos de la plantilla y debilitando el servicio público postal», añade el escrito.
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Igualmente, CCOO y UGT señalan que observan desde hace meses en los diferentes centros de trabajo de la provincia «como la carga de trabajo que soportan los compañeros/as es inasumible«. Es por ello que ambos sindicatos aseguran estar convencidos de que «estas actuaciones responden a un plan oculto del presidente de la empresa, Juan Manuel Serrano, y del director territorial de Andalucía, José Luis Alonso Nistal, para desguazar la compañía, acabando con el servicio público postal a través de la precarización de las condiciones de trabajo – aumento de la sobrecarga de trabajo, no cobertura de manera sistemática de permisos retribuidos, ni de bajas de corta y larga duración, etc.- y recortando el empleo necesario para poder desarrollar un reparto y atención al cliente de calidad que por ley está encomendado a Correos a través de la prestación del Servicio Postal Universal, a la vez que trasvasa actividad de la matriz -Correos- a la filial –Correos Express-«.
Además, lamentan que «todo este tipo de recortes de puestos estructurales y cierre de centros se estén haciendo a espaldas de las organizaciones sindicales, sin llevarlos a las mesas de negociación previstas en nuestro Convenio Colectivo». «Estamos ante unos hechos de graves consecuencias, aseguran los sindicatos, ya que la empresa está suprimiendo puestos y cerrando centros de trabajo de forma unilateral y sin negociación ni consulta alguna, lo que supone una vulneración inadmisible de los derechos de los trabajadores/as, de sus representantes, de la negociación colectiva y un desprecio deliberado al diálogo social«, expone el comunicado remitido por las centrales sindicales.
Ante esta agresión, CCOO y UGT «exigen a la empresa responsabilidad para cesar en sus pretensiones sobre estos recortes y cierres de centros planteados, o de lo contrario, realizarán las denuncias oportunas ante los juzgados correspondientes por la vulneración de la negociación colectiva, además de iniciar movilizaciones por la gravedad de las consecuencias que estas propuestas acarrean para la ciudadanía de las localidades afectadas y para las condiciones laborales de los trabajadores/as».
No es la primera vez que los sindicatos hablan de «plan oculto»
No es la primera vez que los dos sindicatos apuntan en la dirección de un «plan oculto» para desestabilizar a la empresa. A finales de octubre del pasado año, CCOO y UGT hablaban de una «agenda oculta» para provocar la «desinversión inmobiliaria del presidente Serrano mediante la venta, cesión gratuita y trueque político del patrimonio histórico de Correos, perteneciente al Estado, por un montante de entre 3.000 y 5.000 millones de euros en valor de mercado, con la que el presidente Serrano busca amistades políticas y un reconocimiento personal en el lucrativo mercado logístico que le abra las puertas giratorias del ‘día después'».
Estas acusaciones fueron respondidas por Correos, que negó la mayor y las tachó de «infundadas«, alegando que no se correspondían con la realidad y que, «en ningún momento», se ha contemplado la «privatización de la compañía» ni la desinversión inmobiliaria de su patrimonio histórico. «Únicamente se ha firmado un protocolo de intenciones para iniciar las conversaciones entre Correos, Zona Franca y Ayuntamiento, y acordar las condiciones de la cesión del edificio para uso como ‘hub’ tecnológico» y «en ningún caso hay cesión gratuita, ni venta», señalaban desde la dirección de la empresa en un comunicado de respuesta a las acusaciones de los sindicatos.
