La recién nombrada fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió la ley del “solo sí es sí” impulsada por la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, una normativa que, según denuncian críticos, provocó la excarcelación de más de 100 violadores y la reducción de penas a otros 1.000 agresores sexuales.
Peramato, que fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales entre junio de 2019 y octubre de 2021, señaló en una entrevista en RNE que la norma ofrecía “mayor protección” a las víctimas y que contenía “muchísimas cosas buenas”.
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La nueva fiscal asumió el cargo pocos días después de que el Tribunal Supremo inhabilitara a Álvaro García Ortiz, su predecesor, por revelación de secretos en un caso vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En 2022, Peramato ya había defendido la ley, afirmando que era “prematuro” plantear su modificación y destacando que exigía el consentimiento explícito en las relaciones sexuales, lo que, según su criterio, representaba un “paso adelante” en la protección de las víctimas, principalmente mujeres y menores.
Con su nombramiento, Peramato se convierte en la máxima responsable del Ministerio Público, cargo desde el cual deberá gestionar la interpretación y aplicación de leyes polémicas como la del “solo sí es sí”, en un contexto marcado por el debate social y judicial sobre sus efectos.
