Este mes de marzo en el que se cumple un año de pandemia el Círculo de Silencio ha querido reflexionar «sobre las consecuencias que esta ha tenido para uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: las personas migrantes y refugiadas»
El Círculo de Silencio ha vuelto a reunirse, telemáticamente, para llevar a cabo la concentración correspondiente al mes de marzo, un mes en el que se cumple un año de pandemia. Por ello, se ha querido poner de manifiesto como la pandemia y las crisis socio-económicas y sanitarias que ha provocado se han cebado con las personas migrantes y refugiadas.
A continuación, reproducimos íntegramente el manifiesto que se ha leído en la concentración virtual:
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«Hoy, segundo miércoles del mes de marzo, nos reunimos para solidarizarnos con las personas migrantes y refugiadas en este círculo de silencio de Ceuta. Tras un año desde que la pandemia dio un giro radical a nuestras vidas, hoy queremos reflexionar sobre las consecuencias que esta ha tenido para uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: las personas migrantes y refugiadas.
El acceso a los derechos humanos de las personas en situación irregular brilla por su ausencia. Y esta ausencia se hace especialmente palpable en situaciones extremas como la que hemos vivido en los últimos meses. El acceso a una vivienda digna, a la sanidad pública o a ayudas económicas son solo algunos ejemplos de los derechos que han sido negados a las personas migrantes que viven en nuestro territorio. Además, la falta de intérpretes en nuestro sistema sanitario ha impedido que numerosas personas no pudieran ser atendidas y que, incluso, algunas perdieran la vida al no recibir los cuidados de los que precisaban. Un fiel reflejo del modo de gestionar las migraciones de nuestro país, en el que la criminalización, la explotación y la precarización van de la mano.
Los trabajadores del campo no han dejado de recoger fruta y verdura durante el estado de alarma mientras vivían en asentamientos chaboleros, en numerosas ocasiones sin luz ni agua corriente, sin contar con medidas de protección como mascarillas o guantes, sin posibilidad de confinar a los casos positivos y sin acceso al sistema de sanidad público. Tanto este colectivo como las trabajadoras del hogar y los vendedores ambulares, entre otros, que se encuentran en situación irregular, han sido excluidos de ayudas económicas frente al desempleo como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital.
La pandemia también ha traído graves consecuencias a los CETI y los centros de menores de nuestro país. El bloqueo de las fronteras con Marruecos ha hecho que las llegadas por tierra caigan en picado, haciendo la entrada a nuestro territorio aun más difícil. Para aquellos que consiguen llegar o para quienes se encuentran aquí, las condiciones han sido deplorables.
Tanto el CETI como el centro de menores de Ceuta no están equipados para hacer frente a posibles contagios, ya que no cumplen con las medidas sanitarias, de distancia social y aislamiento. Ejemplo de ello es el reciente brote en el centro de menores de Ceuta, que asciende ya a 97 casos. El centro de menores de Melilla ha llegado a alojar a 900 jóvenes cuando su capacidad es de 300 personas. El CETI de la misma ciudad ha llegado a triplicar su capacidad, lo que obligó a acondicionar tiendas de campaña en el exterior. En estas instalaciones resultaba imposible guardar las medidas higiénicas y sanitarias, las personas vivían hacinadas e incluso han llegado a inundarse durante las lluvias torrenciales. ¿Cómo se puede confinar a los posibles contagiados en estas condiciones? ¿Cómo se puede prestar la atención sanitaria adecuada a aquellas personas con patologías que necesitan ciertos tipos de cuidados? Lejos de ser una mera cuestión de incomodidad, en muchos casos ha resultado ser una cuestión de vida o muerte para quienes residen en estos centros.
La crisis sanitaria y la suspensión de las deportaciones llevó a que el Gobierno vaciara paulatinamente los siete centros de internamiento de extranjeros (CÍE) que funcionan en España, denunciados por múltiples organizaciones por casos de violación de Derechos Humanos. No obstante, se estima que un 20% de las personas que residían en estos centros han quedado en situación de calle en plena pandemia, al no disponer de una alternativa habitacional. A esto se le suma la incertidumbre de lo que pasará cuando reabran las fronteras, dado que las órdenes de deportación siguen activas.
Aunque se han llevado a cabo algunas regularizaciones temporales por necesidades del sistema, el desempleo ha devuelto a numerosas personas a la situación de irregularidad, dejándolas completamente desamparadas ante la crisis y la pandemia. Rechazamos por completo esta visión cosificadora y utilitarista hacia las personas migrantes, que tan solo concede derechos fundamentales en función de su situación laboral y que tan solo acude a ellas para obtener mano de obra barata.
Es evidente que la pandemia no ha hecho más que aumentar la brecha social que impide el acceso de las personas migrantes y refugiadas a derechos fundamentales. Es imprescindible que los centros tomen las medidas pertinentes para que las personas que residen en ellos estén protegidas. Exigimos también que se lleve a cabo un proceso de regularización permanente y sin excepciones, para que se reconozcan y se hagan efectivos los derechos humanos básicos de todas las personas que habitan en nuestro territorio. La no regularización excluye a las personas del sistema y les impide acceder a numerosos recursos. Debemos poner en valor la riqueza que la migración aporta a nuestra sociedad, que traspasa y no se refleja en cifras ni estadísticas. Hasta entonces, seguiremos reuniéndonos y guardando silencio como cada mes para pedir justicia».
