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La Fiscalía pide un año de prisión para el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa por su presunta implicación en la trama de comisiones del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Grabaciones, regalos de alto valor y fajos de dinero en efectivo sostienen la acusación.
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Madrid – La investigación del conocido como caso Tito Berni ha sacado a la luz una compleja red de favores, sobornos y presuntas influencias que alcanza a altos cargos políticos y policiales. Entre ellos, el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, para quien la Fiscalía solicita un año de prisión en el primer juicio derivado de esta trama de corrupción.
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La pieza que se juzga esta semana se centra en los presuntos cobros a cambio de facilitar negocios de energías renovables en Canarias. Según la investigación, el general Espinosa habría actuado como intermediario entre empresarios peninsulares y grandes grupos empresariales canarios, valiéndose de los contactos que acumuló durante su etapa como jefe de la Comandancia de Gran Canaria.
El origen del caso es casi fortuito. En febrero de 2022, Antonio Navarro Tacoronte, conocido como El Mediador, fue detenido por un delito menor en Gran Canaria. Temeroso de que la Guardia Civil analizara los teléfonos móviles que portaba, decidió colaborar y destapó una presunta organización criminal integrada por políticos del PSOE, empresarios y mandos del Instituto Armado.
Lejos de tratarse de una colaboración improvisada, los investigadores descubrieron que Tacoronte llevaba años grabando sistemáticamente conversaciones telefónicas y encuentros presenciales. Entre ambos dispositivos acumulaba más de 42.000 audios, además de fotografías de reuniones, comidas y regalos que, según la Fiscalía, documentan el funcionamiento interno de la trama.
Uno de los principales protagonistas de esos audios es el general Espinosa, a quien Tacoronte se refería como “papá” y ante el que presumía de su papel como enlace entre el poder político y el empresarial. Las grabaciones recogen conversaciones en las que se habla abiertamente de comisiones, contratos y porcentajes de operaciones millonarias.
Según la investigación, el empresario valenciano Antonio Bautista, también acusado, habría actuado como principal financiador de los sobornos. Bautista llegó a retirar en efectivo hasta 56.950 euros en 2020, un volumen de disposiciones muy superior al habitual en sus cuentas. Parte de ese dinero habría servido para pagar comidas de lujo, viajes, tarjetas prepago y regalos como puros de alto valor, uno de ellos tasado en 5.000 euros.
Los investigadores sostienen que el general no ocultaba su gusto por los lujos. En los audios intervenidos llega a afirmar que recibe “ni la mitad de lo que se merece” y se compara con un “Ferrari”, en referencia a su supuesto valor como intermediario. También aparecen referencias a su relación con una mujer a la que él mismo apodaba el “Chocho Volador”, para la que habría solicitado favores económicos y laborales.
El registro del domicilio de Espinosa reforzó las sospechas de la Fiscalía. En su vivienda se hallaron 61.110 euros en efectivo, repartidos en distintos escondites y organizados en fajos con cantidades anotadas y tachadas, un sistema que los investigadores consideran compatible con entregas sucesivas de dinero.
La trama comenzó a desmoronarse cuando los proyectos empresariales no llegaron a materializarse y Bautista empezó a dudar de la capacidad real de influencia del general. Un año después, la detención de Tacoronte provocó que todo el entramado saliera a la luz.
Con este primer juicio, la Justicia abre el camino para depurar responsabilidades en una de las tramas de corrupción más llamativas de los últimos años, en la que convergen política, empresa y altos mandos policiales bajo una misma sombra de presuntos sobornos y tráfico de influencias.
