Carmen Laucirica: “Defenderemos el acceso de las familias con personas con discapacidad intelectual más vulnerables a los servicios públicos de calidad”
La Comisión de Sostenibilidad de Plena inclusión España, una confederación estatal que agrupa a 950 asociaciones que prestan apoyos a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, analizó el complejo momento en el que se encuentra la mayor parte de un tejido asociativo que sufre con especial intensidad crisis económica que golpea al país. Este grupo de estudio mostró una particular preocupación por el aumento de casos de entidades que, pese a tener una larga trayectoria y un reconocimiento de su labor, tanto desde quienes reciben sus apoyos como por parte de las administraciones públicas, ven amenazada su continuidad en medio de una precariedad de medios extrema. De hecho, en el balance correspondiente al ejercicio de 2022 se detectó que más de un 20% de las entidades de Plena inclusión finalizaron el año con graves pérdidas.
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Plena inclusión, pese a consolidarse en el panorama nacional como una de las confederaciones más numerosas y activas en el Tercer Sector: cuenta con 46.000 profesionales que desarrollan su tarea en más 4.000 centros y servicios; está sintiendo con especial intensidad la penalización que supone, por ejemplo, el IVA soportado en la compra de bienes y servicios (que al no repercutirlo se convierte en una gasto mayor), que se une al impacto que representa, como para el resto de la sociedad española, la subida de los precios y la inflación.
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Por otro lado, La Comisión de Sostenibilidad ha valorado la urgencia de encontrar vías estables de interlocución con la Comunidades Autónomas, que faciliten la financiación de los servicios sociales que prestan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral, entre otras) y sus familias.
“Defenderemos el acceso de las familias con personas con discapacidad intelectual más vulnerables a los servicios públicos de calidad. Tenemos el reto de luchar por sus derechos desde nuestras organizaciones. Y lo hacemos porque los servicios sociales públicos son el último recurso para cientos de miles de familias golpeadas por las subidas de la cesta de la compra, de la luz o de la calefacción. Estas son las que más nos preocupan porque son quienes sufren más el impacto de la crisis”, explica Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.
Una transición sostenible
De igual modo, en la reunión se analizaron propuestas que se van a trasladar a las administraciones públicas con las que afrontar un plan de inversión para la transformación de los centros y servicios autonómicos y locales desde una visión basada en una transición sostenible. Para Pedro del Río, experto en sostenibilidad y desarrollo organizativo de Plena inclusión, el Tercer Sector se halla en un momento crítico que obliga a diseñar soluciones basadas en la innovación y la transformación de las políticas de los cuidados. “No podemos perder este tren de la inclusión porque de él dependen, por ejemplo, más de 4 millones de personas con discapacidad”, señala en referencia a las cifras facilitadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística).
