– Un informe de la Abogacía del Estado desestima la posibilidad de reclamar un certificado limpio del Ministerio de Justicia para ejercer en el sector.
La reciente decisión de la nueva Ordenanza del taxi ha suscitado diversas reacciones entre los profesionales del sector y la ciudadanía. La eliminación de la exigencia de antecedentes penales para obtener una licencia de taxi se basa en un análisis exhaustivo realizado por la Abogacía del Estado, que considera que esta medida podría ser discriminatoria y limitar el acceso al empleo en un sector esencial.
Según el informe, la exigencia de un certificado de antecedentes penales podría afectar desproporcionadamente a ciertos grupos de personas, impidiendo su reinserción laboral. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la inclusión social y la igualdad de oportunidades son temas prioritarios en la agenda pública.
Además, la Abogacía del Estado argumenta que la regulación del sector del taxi debe centrarse en aspectos más relevantes para la seguridad y la calidad del servicio, como la formación de los conductores y la verificación de sus habilidades al volante.
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Entre los puntos destacados en el informe se encuentran:
- La importancia de fomentar la inclusión laboral de personas con antecedentes penales que han cumplido sus condenas.
- La necesidad de establecer criterios de evaluación más efectivos para garantizar la seguridad de los pasajeros.
- La propuesta de implementar programas de formación y capacitación para los nuevos taxistas.
Este cambio en la normativa ha sido bien recibido por organizaciones que abogan por los derechos de las personas con antecedentes penales, quienes ven en esta medida una oportunidad para mejorar su situación laboral y social. Sin embargo, también hay voces críticas que advierten sobre la necesidad de mantener ciertos estándares de seguridad en el sector del taxi.
Por otro lado, los representantes del sector del taxi han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta decisión pueda afectar la percepción de seguridad entre los usuarios. Argumentan que, aunque la inclusión es fundamental, también es necesario garantizar que todos los conductores cumplan con ciertos requisitos que aseguren la confianza del público.
En conclusión, la nueva Ordenanza del taxi representa un cambio significativo en la regulación del sector, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades. No obstante, será crucial encontrar un equilibrio entre la inclusión social y la seguridad de los pasajeros, para asegurar que el servicio de taxi siga siendo confiable y accesible para todos.
