La imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo ha desatado una tormenta política en España. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió abrir una causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, relacionado con la divulgación de información sobre una investigación por defraudación tributaria y falsedad documental que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El Partido Popular (PP) ha sido uno de los más críticos, exigiendo la dimisión inmediata de García Ortiz. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirmó que el fiscal general no puede continuar en su cargo, acusándolo de formar parte de un ‘infinito goteo de corruptelas’ del Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se pronunció en redes sociales pidiendo la salida tanto de Sánchez como de García Ortiz.
Por otro lado, Vox ha calificado al Gobierno de ‘más peligroso que nunca’. La portavoz del partido, Pepa Millán, acusó al Ejecutivo de ser un ‘Gobierno de saqueadores y extorsionadores’. Santiago Abascal, líder de Vox, expresó en sus redes sociales que el Gobierno está ‘corrompido hasta el tuétano’.
En contraste, el Gobierno ha mostrado su respaldo a García Ortiz. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, defendió la actuación del fiscal general, afirmando que cumplió con su deber de perseguir el delito y proteger la verdad. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, también defendió a García Ortiz, argumentando que se defendió de una mentira relacionada con el caso de Ayuso.
Desde Podemos, se ha acusado al PP de utilizar el poder judicial como un ‘ariete político contra el Gobierno’. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, sugirió que la imputación es consecuencia de un pacto entre PP y PSOE que permitió al PP seguir controlando el poder judicial.
Finalmente, ERC ha criticado lo que considera una ‘campaña de la ultraderecha’. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, afirmó que no participarán en campañas de este tipo, aunque tampoco tolerarán la corrupción.
Este caso sigue evolucionando, y las reacciones políticas continúan intensificándose, reflejando las profundas divisiones en el panorama político español.
