El Gobierno ha aprobado una reducción de deuda de más de 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas en el marco del sistema de financiación. La medida, impulsada tras la exigencia de ERC en las negociaciones para Cataluña, ha generado un intenso debate político.
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Desde el Ejecutivo se insiste en que no se trata de un beneficio exclusivo para ningún territorio, sino de un mecanismo de alivio financiero aplicable al conjunto de las comunidades. «Es falso que esta decisión esté orientada a favorecer a Cataluña», subrayaron fuentes gubernamentales.
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El Partido Popular ha mostrado su rechazo frontal a la iniciativa, que considera una concesión al independentismo catalán y un agravio comparativo para el resto de españoles. Según la dirección popular, la decisión «rompe el principio de igualdad» entre comunidades y pone en cuestión la cohesión del Estado.
La medida, que afecta a todas las autonomías adheridas a los mecanismos extraordinarios de financiación, pretende facilitar el saneamiento de las cuentas regionales y aliviar la presión sobre los servicios públicos, en un contexto de elevada deuda acumulada tras la crisis financiera y la pandemia.
