El juicio que ha tenido como protagonista al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en su etapa culminante y finalmente quedará visto para sentencia este jueves, tras la presentación de los informes finales por parte de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa.
Este juicio excepcional ha marcado un hito histórico al ser la primera vez que un fiscal general del Estado ocupa el banquillo de los acusados. Se le imputa un delito de revelación de secretos, en un caso que gira en torno a un polémico correo electrónico enviado el 2 de febrero, en el cual se reconoce la comisión de delitos fiscales por parte de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante su declaración, García Ortiz ha defendido su inocencia, negando haber enviado el mencionado correo y asegurando que «la verdad no se filtra, se defiende». Esta afirmación subraya su posición en el caso y la confianza en que será exonerado de las acusaciones en su contra.
En la jornada de este miércoles, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, anunció que cada acusación, así como el Ministerio Fiscal, tendrían un plazo de entre 30 y 45 minutos para presentar sus conclusiones, mientras que la defensa contaría con el tiempo necesario para argumentar su postura.
Las partes implicadas no son solo el fiscal general, sino también varias organizaciones y asociaciones que han presentado acusaciones populares. De hecho, entre los acusadores se encuentra el propio Alberto González Amador, quien ha ejercido su derecho como parte afectada. Además, se suman seis acusaciones populares, entre ellas la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), así como otros grupos como Manos Limpias y Vox.
En las sesiones previas, todas las acusaciones han elevado sus solicitudes a definitivas, aunque Manos Limpias ha modificado su petición, reduciendo la solicitud de pena de cuatro a tres años de prisión. Esta reducción se debe a la consideración de una atenuante relacionada con la posible vulneración del secreto sumarial, que podría perjudicar el derecho de defensa de González Amador.
Mientras tanto, otras acusaciones han mantenido sus peticiones de pena, que varían entre tres y seis años de prisión. También han solicitado sanciones de inhabilitación y multas por los delitos de revelación de secretos, prevaricación y, subsidiariamente, por la infidelidad en la custodia de documentos. Estas peticiones reflejan la gravedad de las acusaciones que enfrenta el fiscal general.
Por su parte, tanto la Fiscalía como la defensa del fiscal general, representada por la Abogacía del Estado, han reiterado su petición de absolución, argumentando que no se han presentado evidencias suficientes para respaldar las acusaciones.
Tras finalizar las exposiciones, será el turno de los siete magistrados del tribunal, que deliberarán y emitirán sentencia. Se espera que esta decisión se haga pública hacia finales de año, cerrando así un capítulo significativo en la historia judicial de España.
