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La renuncia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha desatado un nuevo debate político en España. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se pronunció a través de la red social X, afirmando que “cuando cesas por imperativo legal no es dimitir. Te han expulsado por dimitir”, en defensa del hasta ahora fiscal general.
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Por su parte, el Gobierno ha mostrado una postura de respeto, aunque no de acuerdo. La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró que respetan la decisión del Tribunal Supremo, pero que no la comparten “en absoluto”, y añadió que se ha “avanzado un fallo sin ningún tipo de argumentación”.
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La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, destacó la inocencia de García Ortiz y llamó a la ciudadanía a movilizarse “por la democracia”, en un mensaje que ha generado un amplio eco político.
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En paralelo, la Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio a los hijos del matrimonio Pujol Ferrusola por presuntos delitos de corrupción vinculados a la fortuna familiar, mientras permanece la incógnita sobre si el tribunal exonera al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, debido a su estado de salud.
El caso de García Ortiz se suma así a un contexto político marcado por la tensión entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la opinión pública, mientras se reaviva el debate sobre los límites de la renuncia y el cese por imperativo legal en cargos de alto rango.
