Tribunales. La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha acogido este martes la celebración íntegra del juicio por una supuesta estafa inmobiliaria relacionada con la compraventa de una vivienda en la barriada de El Sardinero en el año 2010. En el procedimiento, la acusación particular ha reclamado al menos 248.500 euros de indemnización para la denunciante, mientras que tanto la Fiscalía como la defensa han solicitado la absolución del acusado.
La vista comenzó alrededor de las 11:00 horas y se prolongó durante toda la mañana debido al número elevado de testigos y peritos citados por las partes. Finalmente, sobre las 15:00 horas, el proceso quedó visto para sentencia tras la presentación de las pruebas documentales, los interrogatorios y las declaraciones de todos los implicados. Parte de la documentación presentada se remonta incluso al año 2007.
Una operación inmobiliaria con orígenes controvertidos
Según consta en la denuncia, la mujer —de origen marroquí y médico de profesión— adquirió en 2010 la vivienda por un importe total de 273.500 euros con la intermediación del acusado, un profesional del sector inmobiliario con amplia experiencia. En aquel momento, la denunciante trabajaba en el Hospital Universitario y mantenía una relación sentimental con el hermano del investigado, lo que, según su versión, facilitó la obtención de una hipoteca pese a sus contratos temporales y su condición de extranjera.
Una sucursal bancaria de Algeciras financió el 80 % del precio de la vivienda, mientras que el 20 % fue aportado por el acusado. Ambas partes firmaron un documento de reconocimiento de deuda, en el que la mujer se comprometía a devolver esa cantidad de forma paralela al pago de la hipoteca.
No obstante, años más tarde la denunciante perdió su empleo, alquiló la vivienda y regresó a Marruecos. Pese a haber seguido abonando sus compromisos económicos durante un tiempo con el dinero del alquiler, finalmente dejó de hacerlo. Es entonces cuando, según su testimonio, comenzó a sentirse amenazada, acosada y presionada para devolver el adelanto, que con los intereses alcanzaría los 95.000 euros.
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Versiones enfrentadas y recorrido judicial
La denunciante sostiene que durante años creyó que la vivienda pertenecía realmente al acusado, quien la habría obtenido en 2007 mediante una dación en pago, aunque nunca llegó a figurar oficialmente a su nombre en las escrituras. El matrimonio que cedió inicialmente el inmueble ha respaldado esta versión, mientras que ni el notario ni un directivo del banco implicado aportaron detalles concluyentes durante la vista.
Como refuerzo de su postura, la acusación particular presentó informes periciales de carácter psiquiátrico que acreditan que la denunciante ha sufrido un trastorno adaptativo ansioso-depresivo, provocado por la situación económica y el conflicto mantenido en el tiempo. Dos compañeras de trabajo también declararon a su favor, asegurando haber presenciado alguna de las reclamaciones de pago del acusado.
Por su parte, el hombre sentado en el banquillo ha defendido en todo momento que es la verdadera víctima, afirmando que nunca llegó a cobrar la totalidad de la deuda y que la denuncia responde a un intento de la mujer de paralizar un procedimiento de embargo en su contra. En la misma línea, la Fiscalía considera que no existen indicios suficientes de engaño penal y que se trata de un conflicto civil, por lo que ha pedido la libre absolución del acusado y de las sociedades inmobiliarias vinculadas a él.
El caso queda ahora pendiente del fallo judicial.
