El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, ha admitido a trámite una reclamación presentada por el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). La denuncia alega que el marco jurídico español es «inadecuado» respecto a la Carta Social Europea para garantizar un acceso asequible a una vivienda digna. UGT sostiene que la escasez de vivienda social y los altos precios penalizan a colectivos vulnerables, incluidos jóvenes y trabajadores con salarios bajos.
Argumentos de UGT ante el Comité de Estrasburgo
La queja, formalizada por UGT el 17 de octubre y admitida a principios de diciembre, se centra en la vulneración de varios artículos de la Carta Social Europea por parte de España.
El sindicato argumenta que el acceso a la vivienda en España se formula como un simple principio rector de la política social y económica y no como un derecho genuino y justiciable, lo que hace que el marco legal y político sea «inadecuado».
Los artículos de la Carta Social Europea que UGT considera incumplidos, solos o junto con el artículo E sobre la no discriminación, son:
• Artículo 31: derecho a la vivienda.
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• Artículo 16: referido al derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica.
• Artículo 17: versa sobre el derecho de los niños y jóvenes a la protección social, jurídica y económica.
• Artículo 19: sobre el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a la protección y asistencia.
• Artículo 30: sobre el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social.
Críticas a la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023
UGT considera que la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, no ha logrado cambiar esta situación.
El sindicato critica que la norma tiene un carácter excesivamente programático, delegando la aplicación de los objetivos en las autoridades autonómicas debido al reparto constitucional de competencias. Además, UGT califica de «irrazonable» el plazo de 20 años fijado por la ley para alcanzar un parque mínimo de vivienda pública para políticas sociales, alegando que carece de objetivos «inmediatos» y «cuantificables».
