El Ministerio de Hacienda propondrá incrementar la proporción del IRPF y del IVA que el Estado transfiere a las comunidades autónomas, elevando del 50 % al 55 % en el caso del IRPF y al 56,5 % en el IVA.
La medida forma parte de la reforma del sistema de financiación autonómica que este viernes presentará la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De aprobarse, permitiría que la mayor parte de los ingresos provenientes de estos dos grandes impuestos se destine directamente a las regiones, aumentando su capacidad de financiación en miles de millones de euros.
Para ponerlo en perspectiva, en 2024 el IRPF recaudó 129.408 millones de euros y el IVA, 90.541 millones. Aplicando los nuevos porcentajes, las comunidades habrían recibido ese año unos 12.355 millones adicionales: 6.470 millones por IRPF y 5.885 millones por IVA.
Además, la reforma ofrece la posibilidad de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta, que adelanta fondos basados en previsiones de recaudación y ajusta los desfases dos años después, y pasar a un modelo de recaudación en tiempo real. Esto permitiría a las comunidades disponer inmediatamente de los recursos que les corresponden, evitando retrasos o devoluciones por desviaciones en las previsiones.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, destacó tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «nadie pierde y todo el mundo gana» con la propuesta, que supondría 4.700 millones adicionales para Cataluña sin afectar la renta per cápita de otras regiones gracias a los mecanismos de nivelación.
El Gobierno asegura que el modelo es más justo y equilibrado, beneficiando a todas las comunidades y sin privilegiar a ninguna. Sin embargo, la oposición ha criticado la iniciativa. El PP la calificó como un «caso claro de corrupción política» por supuestamente usar recursos públicos para asegurar apoyos parlamentarios, mientras que Vox la tildó de «estafa».
Por su parte, Junts cuestionó que, aunque se aumente el dinero disponible, Madrid «seguirá teniendo la llave de la caja», y las comunidades gobernadas por el PP expresaron su desacuerdo. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, alertó de que cruzar la línea de la igualdad entre regiones sería «el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia».
La propuesta será presentada formalmente en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con las comunidades autónomas y, posteriormente, requerirá la aprobación de las Cortes para convertirse en ley.
