Este sábado, Bilbao fue escenario de una importante manifestación que congregó a alrededor de 30,000 personas, según datos de la Policía Municipal. La cita, organizada por la red de apoyo a los derechos de los presos de ETA, Sare, tenía como objetivo principal demandar el fin de las «medidas de excepción» que aún se aplican a los detenidos.
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El evento, una marcha anual que se realiza a principios de cada año, recorrió las calles de la capital vizcaína bajo el lema «No puede prolongarse más», resaltando la urgencia y la necesidad de poner fin a la situación que viven los presos vascos.
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En la manifestación participaron diversos líderes y representantes de partidos políticos como EH Bildu, Podemos Euskadi, Junts, ERC, CUP, BNG, Més Per Mallorca y Catalunya en Comú, así como de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB y organizaciones sociales como Etxerat, ANC y Òmnium Cultural, quienes ejercieron una fuerte presencia en defensa de la causa.
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Un aspecto relevante en el contexto de la manifestación fue la reciente confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena a siete años y medio de prisión a la abogada de los presos de ETA, Arantza Zulueta, lo que ha intensificado la crítica hacia el trato que reciben los internos.
La marcha comenzó a las 17:00 horas en el recinto de La Casilla, avanzando hacia el Ayuntamiento de Bilbao. Entre los portadores de la pancarta se encontraban Rosa Rodero, esposa del sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993, y el músico Francis Diez, del grupo Doctor Deseo, junto a activistas de causas palestinas y saharauis.
Durante el recorrido, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, subrayó que «cuando decenas de miles de ciudadanos un año tras otro salen a la calle reivindicando derechos para los presos vascos es porque se están vulnerando esos derechos». Su intervención enfatizó la necesidad de reflexionar sobre las políticas actuales y su impacto en la dignidad humana de los reclusos.
Azkarraga también destacó que actualmente hay unos 120 presos de ETA en las cárceles del País Vasco y Navarra, de los cuales 40 han estado más de 20 años en prisión. Más de 21 de esos reclusos han cumplido más de 25 años tras las rejas. «La mayoría de estas personas ya podrían estar en libertad bajo ciertas condiciones, si no fuera por la aplicación de medidas de carácter excepcional», expresó, instando a la política y al sistema judicial a poner un alto a esta clase de restricciones.
El portavoz recordó que este año se conmemora el quincuagésimo aniversario de la decisión de ETA de poner fin a su actividad, resaltando que 15 años después aún persisten violaciones de derechos para los presos vascos, lo que genera un sentimiento de injusticia y descontento entre sus familias y seguidores.
Con el propósito de buscar soluciones, Azkarraga propuso establecer un marco definitivo para resolver el conflicto que contemple el levantamiento de las medidas excepcionales y la liberación de todos los presos a través del establecimiento de un régimen penitenciario ordinario.
Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso y diputado de los Comuns, también se sumó a la causa al expresar su apoyo a la petición de Sare, instando a que se aplique la ley penitenciaria de manera equitativa para los presos vascos. Afirmó que esta manifestación representa un «antídoto contra discursos de odio» que amenazan con ocupar un espacio significativo en el debate público.
Otros oradores, como Maite Gartzia de Podemos Euskadi y Mitxel Lakuntza de ELA, criticaron las «excepciones» que rigen la política penitenciaria, mientras que Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, reclamó que para el año 2026 se tomen las medidas necesarias para facilitar el regreso de todos los presos a sus hogares.
