El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes desde La Moncloa que la política exterior de España hacia Estados Unidos y sus socios de la OTAN debe basarse en una relación de igualdad, y ha subrayado que “ser proatlantista no significa vasallaje”. La afirmación ha llegado tras una reunión con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, con quien ha analizado cuestiones clave de la agenda europea, la situación en Ucrania y las tensiones en el Ártico.
En la rueda de prensa conjunta, Sánchez ha defendido que la seguridad de regiones estratégicas como el Ártico debe depender de la Unión Europea y de la OTAN en conjunto, y no de decisiones unilaterales, rechazando cualquier interpretación que suponga subordinación de Europa ante Estados Unidos. Mitsotákis ha coincidido en que existe margen para construir soluciones que “puedan ser de beneficio mutuo para ambas partes del Atlántico”.
El presidente ha insistido en que España mantiene su compromiso con la Alianza Atlántica y con la defensa colectiva, reiterando que la cooperación no debe traducirse en desigualdades entre socios.
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Tensión con Sumar por la política de vivienda
La postura de Sánchez en política exterior se ha visto acompañada por un foco de tensión en la política interna. Sumar, socio minoritario en el Gobierno, ha rechazado la fórmula propuesta por el presidente para intervenir en el mercado de la vivienda. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado la medida de “injusta, ineficaz y no adecuada”, y ha adelantado que su formación no apoyará la iniciativa.
El choque entre el Ejecutivo y uno de sus socios pone de manifiesto las dificultades del Gobierno de coalición para acordar respuestas comunes a los problemas sociales que afectan a los hogares españoles, especialmente en un contexto de alza de los precios del alquiler.
Otros actores políticos
Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la jornada para criticar el acuerdo de financiación autonómica alcanzado recientemente entre el Gobierno y ERC, calificándolo de “inaceptable” y señalando que el modelo propuesto no representa los intereses de todos los españoles.
