El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha comunicado a las principales plataformas digitales la existencia de 86.275 viviendas turísticas y de temporada que operan de forma ilegal, instándolas a retirar sus anuncios de manera obligatoria. Se trata de inmuebles que solicitaron el número de registro de alquiler de corta duración —obligatorio desde julio de 2025— pero cuya solicitud fue revocada por no cumplir los requisitos legales.
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España se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en adaptar la normativa comunitaria que establece un registro único de alquileres de corta duración. Este código, expedido por los Registradores de la Propiedad, se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio, un sistema que permite cruzar datos y detectar irregularidades de forma más eficaz.
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Desde la puesta en marcha de este mecanismo, el Ministerio, el Colegio de Registradores y las plataformas que operan en el sector colaboran para poner fin al fraude en los alojamientos temporales, muchos de los cuales se comercializan simultáneamente en varias webs.
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De las 412.253 solicitudes de registro recibidas, el 78% corresponde a alquiler turístico (320.620), mientras que el 22% restante, 91.608 solicitudes, se refiere a alquileres de temporada. La Comunidad de Madrid presenta una anomalía destacada: el 83% de las solicitudes tramitadas en la región corresponden a vivienda de temporada.
Madrid, Barcelona y Marbella, a la cabeza
En el ámbito municipal, Madrid encabeza el ranking de solicitudes revocadas con 5.344, seguida de Barcelona (5.005) y Marbella (2.993). También figuran entre los municipios con más denegaciones Sevilla, València, Málaga y Torrevieja. Destaca especialmente la provincia de Málaga, que concentra hasta siete municipios entre los veinte con más solicitudes rechazadas.
A nivel autonómico, Andalucía lidera con amplia diferencia el número de registros obligatorios revocados, con 21.872, seguida de la Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726). En total, las solicitudes denegadas en toda España ascienden a 86.275.
Defensa del mercado residencial
El Ministerio subraya que el objetivo del registro obligatorio es preservar la función social de la vivienda, frenar la especulación y facilitar que estos inmuebles puedan incorporarse al mercado de alquiler residencial. Según el MIVAU, la proliferación de alojamientos ilegales ha contribuido a una subida desproporcionada de los precios, la expulsión de vecinos de sus barrios y un proceso acelerado de gentrificación y pérdida de identidad urbana.
Con esta actuación, el departamento que dirige Isabel Rodríguez refuerza su estrategia para combatir la ilegalidad en el alquiler de corta duración y avanzar hacia un mercado de vivienda más estable y accesible.
