El Consejo de Ministros da luz verde a una estrategia de desarrollo sostenible que incluye, por primera vez, una ayuda directa para todas las familias con hijos. El objetivo del Ministerio de Derechos Sociales es alcanzar el 100% de los hogares con menores y eliminar la exclusión extrema antes de 2030.
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España da un giro histórico en sus políticas de protección a la infancia. Este martes, el Consejo de Ministros aprueba la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, un documento que incorpora como medida estrella la creación de una prestación universal por crianza. Con esta iniciativa, el Gobierno busca equipararse a otros países de la Unión Europea que ya cuentan con ayudas directas por hijo, independientemente de los ingresos económicos de los padres.
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Un escudo para el 100% de las familias
La medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como meta fundamental eliminar la pobreza infantil más severa en el horizonte del año 2030. A diferencia de las ayudas actuales, que suelen estar vinculadas a umbrales de renta bajos o situaciones de vulnerabilidad específica, esta nueva prestación está diseñada para llegar a todas las familias con hijos menores a su cargo.
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El ministro Pablo Bustinduy ha defendido esta herramienta como el mecanismo más ambicioso y eficaz para combatir la desigualdad desde la raíz. Según Derechos Sociales, la universalidad de la ayuda evita la estigmatización y asegura que ningún niño quede fuera del sistema de protección por errores administrativos o falta de información en hogares con pocos recursos.
Ejes de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible
La prestación por crianza no llega de forma aislada, sino que forma parte de un plan estatal integral que aborda otros desafíos estructurales de la sociedad española:
- Acceso a la vivienda: Medidas para facilitar el alquiler y la compra a familias jóvenes.
- Reducción de la brecha de género: Políticas de conciliación que eviten que la maternidad penalice la carrera profesional de las mujeres.
- Fiscalidad progresiva: El plan se complementa con un modelo fiscal redistributivo que busca que la financiación de estos servicios sea justa y proporcional.
Rumbo a la equidad infantil
Con la incorporación de esta prestación en una estrategia de Estado, el Gobierno pretende sentar las bases de un modelo de bienestar más equitativo. La infancia ha sido identificada como uno de los sectores más castigados por las crisis económicas recientes, y esta ayuda directa pretende funcionar como un ingreso garantizado que asegure el bienestar básico de los menores durante su desarrollo.
Aunque los detalles sobre las cuantías exactas y los plazos de implementación se concretarán tras la aprobación del texto, el compromiso de universalidad marca un hito en la agenda social de la legislatura, posicionando el apoyo a la crianza como un derecho ciudadano y no solo como una medida asistencial.
