El Ministerio de Trabajo ha ratificado este martes su intención de seguir adelante con la reforma del registro horario, a pesar del duro revés propinado por el Consejo de Estado. El órgano consultivo ha rechazado el proyecto de real decreto al considerar que vulnera la protección de datos y excede las competencias del Gobierno, imponiendo cargas económicas «excesivas» a las empresas.
Pese al informe negativo, el departamento dirigido por Yolanda Díaz asegura que la norma es un compromiso «irrenunciable» del acuerdo de coalición PSOE-Sumar y que se llevará al Consejo de Ministros «cuanto antes» tras realizar ajustes técnicos menores.
Los tres pilares del rechazo del Consejo de Estado
El dictamen del Consejo de Estado no ha ahorrado críticas a la propuesta de Trabajo, basándose en tres argumentos principales:
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- Invasión de la privacidad: El informe señala que el acceso digital a los datos de los trabajadores por parte de la Inspección de Trabajo no garantiza debidamente la protección de datos personales ni justifica quién tendrá acceso a ellos.
- Exceso de poder reglamentario: El órgano considera que el decreto no se limita a desarrollar la ley actual, sino que «inventa» nuevas obligaciones para los empresarios que no están recogidas en ninguna norma de rango superior.
- Coste millonario para las Pymes: Según las estimaciones del informe, la implantación del nuevo sistema digital tendría un coste cercano a los 868 millones de euros. Se calcula un impacto de 55,4 euros por trabajador al año, una carga que recaería en el 94% del tejido empresarial español (pequeñas y medianas empresas).
División en el seno del Gobierno
La reforma ha evidenciado una grieta profunda entre los ministerios. Mientras Trabajo acusa al Ministerio de Economía de alinearse con las empresas que incumplen la ley, el ministro Carlos Cuerpo ha abogado hoy por una «implementación equilibrada» que no asfixie a las pymes.
«El objetivo es que el registro de jornada sea realmente efectivo y acabe con las horas extras no remuneradas», defienden fuentes de Trabajo, quienes acusan a la patronal y a Economía de intentar frenar un avance social.
Reacciones: Satisfacción en la patronal y alerta sindical
- CEOE y Cepyme: Han celebrado el dictamen, asegurando que el proyecto de ley adolece de un «vicio de nulidad» y advirtiendo que, de aprobarse tal cual, darán la batalla en los tribunales.
- CCOO y UGT: Han mostrado su rechazo al informe del Consejo de Estado, lamentando que se pongan «obstáculos» a una herramienta necesaria para combatir el fraude laboral.
El Ministerio de Trabajo ya trabaja en retocar el texto para blindarlo judicialmente, centrándose en reforzar el papel de la negociación colectiva y los protocolos de protección de datos, pero manteniendo la obligatoriedad del formato digital accesible en tiempo real para la Inspección.
