MADRID.— Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han irrumpido a primera hora de este miércoles en la sede central del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ubicada en la calle Ferraz de Madrid. El dispositivo judicial, coordinado de forma conjunta por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, tiene como objetivo recabar pruebas informáticas y documentales sobre una supuesta red de financiación ilegal y la existencia de una contabilidad paralela estructurada para eludir la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Según informaron fuentes próximas a la investigación, la entrada de la benemérita se efectúa bajo el mandato del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Santiago Pedraz. La operación constituye una ramificación directa y secreta del denominado ‘caso Leire’, centrado en las presuntas irregularidades y amaños en la concesión de fondos y rescates públicos a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los investigadores centran sus esfuerzos en los despachos financieros de la sede nacional. En este momento, los especialistas en delitos económicos de la UCO se encuentran interviniendo los sistemas centrales junto al responsable informático del partido. El objetivo principal de la diligencia es el volcado de correos electrónicos, servidores internos y libros de cuentas que permitan contrastar la documentación bancaria obtenida durante meses de pesquisas confidenciales. La sospecha principal de la Fiscalía apunta a pagos sistemáticos en efectivo y el desvío de capitales que habrían servido para sufragar gastos personales de dirigentes y dopar campañas electorales recientes.
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Registros simultáneos en toda España
El despliegue policial no se circunscribe únicamente al cuartel general de los socialistas en Madrid. El juzgado ha ordenado la entrada e inspección coordinada en múltiples inmuebles privados y despachos profesionales vinculados a altos cargos de la formación a lo largo de la geografía peninsular. Fuentes judiciales apuntan a que los presuntos movimientos de fondos opacos vinculados a la trama se habrían extendido de forma continuada entre los años 2017 y 2024, involucrando presuntamente a personalidades de la cúspide orgánica del partido.
Esta drástica actuación de los tribunales coincide en el tiempo con una coyuntura política especialmente delicada para el Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en estos momentos en el Vaticano, donde ha mantenido una audiencia oficial con el Papa León XIV, teniendo programada una comparecencia de prensa desde Roma. El impacto de la operación policial en Madrid ha sacudido de inmediato las instituciones en la capital.
Terremoto político en el Congreso
La noticia del registro ha estallado justo al comienzo de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, pillando por sorpresa tanto a los miembros del gabinete ministerial como a los grupos parlamentarios. La oposición en bloque ha reaccionado con dureza extrema ante lo que califican como un escenario de «degradación institucional insostenible».
Desde la bancada del Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado la situación de «extrema gravedad» y ha instado al jefe del Ejecutivo a disolver las Cortes de forma inmediata para convocar elecciones generales. Por su parte, la portavoz popular, Ester Muñoz, ha afeado directamente a los socios parlamentarios de la coalición su silencio ante la cascada de acontecimientos judiciales: «¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción con tal de que el Partido Popular no gobierne?», ha inquirido. Mientras la jornada avanza, los agentes de la UCO continúan con los requerimientos dentro de la sede de Ferraz, en una jornada que promete marcar un antes y un después en la presente legislatura.
