BADAJOZ (EFE).– David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha hecho su entrada este jueves en el interior de la Audiencia de Badajoz bajo un blindaje policial y una expectación civil sin precedentes. Evitando el foco directo de las cámaras, el principal encausado accedió al edificio judicial a través de la puerta trasera, repitiendo la fórmula empleada por la mayoría de los once acusados en este proceso penal, que investiga presuntas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación de Badajoz.
La apertura de la vista oral, fijada inicialmente para las 10:00 horas, transformó los alrededores de la avenida de Colón. Más de medio centenar de de medios de comunicación, incluidos varios corresponsales internacionales, y decenas de ciudadanos particulares se agolparon en los accesos. El aparatoso despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evidenció la trascendencia política y social de un caso que sienta en el banquillo a destacadas figuras públicas, entre ellas al propio Sánchez y al expresidente de la corporación provincial pacense, Miguel Ángel Gallardo.
Dos jornadas consagradas a la batalla técnica
El arranque de este juicio estará monopolizado, tanto hoy jueves como mañana viernes, por la resolución de las cuestiones previas. La trascendencia de esta fase técnica se refleja en el hecho de que el Tribunal —compuesto por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano— haya reservado dos jornadas íntegras para escuchar a las partes.
Se prevé un intenso debate procesal centrado en presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, impugnaciones al contenido y finalidad de las pruebas recabadas, peticiones de nulidad de actuaciones y controversias sobre la competencia del propio tribunal. Por el contrario, los letrados de las acusaciones populares —en representación de los colectivos Manos Limpias, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y HazteOir— adelantaron a las puertas del tribunal que renunciaban a presentar cuestiones previas, buscando agilizar el inicio de las declaraciones sustantivas.
Calendario de declaraciones: Turno retrasado
Pese al impacto mediático de su llegada, ni David Sánchez ni Miguel Ángel Gallardo declararán de forma inmediata. El estricto calendario fijado por la Audiencia determina que no comparecerán ante el tribunal antes del próximo 4 de junio, existiendo estimaciones de fuentes judiciales que apuntan incluso a los días 8 y 9 de junio.
Este retraso responde al orden testifical establecido, según el cual deberán declarar en primer lugar los restantes nueve investigados y los 42 testigos citados por las partes. Los once procesados afrontan cargos por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Las peticiones de condena varían sustancialmente: las acusaciones solicitan tres años de prisión para Sánchez y Gallardo, un año y medio para seis de los encausados, y la inhabilitación especial para los tres restantes.
Indicios de «premura» e irregularidades
La base del juicio oral descansa sobre la instrucción de la jueza Beatriz Biedma, quien apreció «indicios suficientes» de criminalidad en las conductas analizadas, una postura refrendada formalmente por la propia Audiencia de Badajoz hace un año al desestimar los recursos de las defensas.
Aquel auto de ratificación criticó con dureza el proceso de creación de la plaza de coordinador de actividades entre conservatorios (adjudicada a Sánchez entre 2016 y 2017), calificándola mediante términos extraídos de la instrucción como una decisión marcada por la «premura», «innecesaria» y «disparatada». Asimismo, la judicatura validó las sospechas sobre el posterior cambio de denominación del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, considerándolo un posible «disfraz» documental, y puso el foco en los vínculos de amistad entre Sánchez y Luis Carrero, también beneficiario de contrataciones transfronterizas en la Diputación.
Posturas enfrentadas en el plenario
El debate jurídico que ahora comienza expone dos tesis radicalmente opuestas. Emilio Cortés, abogado defensor de David Sánchez, sostiene firmemente que el proceso carece de base penal, argumentando que no se ha acreditado «ni siquiera indiciariamente, influencia con sesgo delictivo» en el diseño de los concursos. Bajo su criterio, al no existir elementos constitutivos de delito, decae cualquier régimen de autoría imputable a su representado. En una línea similar, la defensa de Gallardo achaca las acusaciones a «puras especulaciones» y recuerda que la plaza fue aprobada de manera legítima por el pleno de la corporación provincial.
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En el extremo opuesto, las acusaciones populares mantienen un relato incisivo: aseguran que David Sánchez conocía de antemano que la plaza estaba confeccionada en exclusiva para él y que los procesos de selección del resto de aspirantes constituyeron un «mero paripé». El escrito acusatorio concluye afirmando de manera categórica que, «pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente», una supuesta inacción que, añaden, no impidió el cobro íntegro de sus emolumentos públicos con la presunta connivencia y participación directa del expresidente de la Diputación.
