Badajoz — La Fiscalía ha solicitado formalmente la absolución para los once acusados en el juicio que señala a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. El Ministerio Público sostiene que, tras la instrucción y las pruebas presentadas en la vista oral, «no están acreditadas las acusaciones» de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Con esta decisión, la fiscal del proceso, Begoña García Boró, eleva a definitivo su informe provisional y ratifica el criterio que ya había mantenido al pedir el archivo previo de la causa. Esta postura choca de frente con las siete acusaciones populares personadas en el caso, que insisten en mantener sus peticiones de prisión para los procesados.
Ausencia de advertencias de ilegalidad
Durante la exposición de sus conclusiones, la fiscal ha subrayado que los procesos de creación y adjudicación de las plazas bajo sospecha —la de David Sánchez como coordinador de los conservatorios y la de Luis Carrero como jefe de actividades transfronterizas— se desarrollaron bajo los principios de «publicidad, mérito y capacidad».
García Boró ha destacado que en su momento no se registró ninguna alegación, advertencia ni recurso que apuntara a una presunta ilegalidad en dichos nombramientos. De hecho, ha recordado que el puesto adjudicado a Sánchez «ya existía» previamente y que, tras la jubilación de su anterior responsable, sus funciones tuvieron que ser asumidas de forma extraordinaria por profesores fuera de su horario laboral y durante los fines de semana. La plaza se aprobó en el pleno de la Diputación sin que se presentaran objeciones, «ni tan siquiera de otros partidos políticos», en alusión directa al Partido Popular (PP).
Defensa de la instrucción y el informe de la UCO
Ante las críticas de las acusaciones populares, que este lunes afearon a la Fiscalía una supuesta postura de «defensa» hacia los procesados, García Boró ha recordado que la acusación pública respaldó firmemente todo el proceso de instrucción liderado por la jueza Beatriz Biedma, defendiendo la total legalidad de la intervención de los correos electrónicos.
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Asimismo, la fiscal ha puesto en valor el informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las comunicaciones intervenidas, señalando que el documento contiene «datos objetivos». No obstante, ha matizado que dichos datos «no pueden ser interpretados» de la manera sesgada en que lo han hecho las acusaciones populares para intentar sostener los cargos.
El juicio queda así visto para la deliberación de la sala con un escenario de división absoluta entre la postura exculpatoria del Ministerio Fiscal y la línea punitiva de las acusaciones populares.
