Un informe remitido al juez Pedraz desvela que los investigados pidieron informar a «Sabin Etxea» tras desbloquear la ayuda de 112,9 millones de la SEPI. Los agentes reflejan también gestiones del expresidente del partido, Andoni Ortúzar, en la operación de la siderúrgica Celsa.
MADRID – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el mapa del ‘caso Leire’, la presunta trama corrupta que investiga maniobras para influir en procesos judiciales y en la concesión de ayudas públicas. Según consta en un informe policial remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, los investigadores han acreditado el interés de la formación vasca y de su entonces presidente, Andoni Ortúzar, en las operaciones financieras de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) destinadas a empresas clave como Tubos Reunidos y Celsa.
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La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el núcleo de la trama, autodenominado grupo Hirurok («Nosotros tres», en euskera) e integrado presuntamente por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, realizó «acciones tendentes al otorgamiento» de un préstamo público de 112,9 millones de euros a Tubos Reunidos a cambio de comisiones camufladas.
Mediación política y el aviso a «Sabin Etxea»
El informe de la UCO detalla que, cuando el rescate financiero a Tubos Reunidos se encontraba encallado, Leire Díez y Vicente Fernández propusieron recurrir al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al empresario Antxon Alonso para «impulsar» el expediente. Paralelamente, los investigadores señalan que el grupo Hirurok intermedió con «algún miembro del Partido Nacionalista Vasco», una gestión que, según el documento, «podría haber contribuido» de forma decisiva a que la millonaria ayuda pública llegara a buen término.
La vinculación con la dirección de la formación vasca se estrecha, según la Guardia Civil, a través de las comunicaciones internas de la trama. Dos semanas después de que se confirmara la aprobación del préstamo, Vicente Fernández envió un mensaje a Antxon Alonso en el que le instaba explícitamente a informar del éxito de las gestiones a «Sabin Etxea», nombre con el que se conoce a la sede central del PNV en Bilbao.
En esa fecha, la presidencia del partido la ostentaba Andoni Ortúzar. El exdirigente nacionalista aparece mencionado en el sumario en relación con una llamada telefónica realizada al entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, con el objetivo de constatar «si podía él ayudar en la operación de Celsa con la SEPI», referente al rescate de 550 millones de euros que recibió el fabricante de acero con sede en Barcelona.
Facturas «mendaces» y reuniones en Ferraz
Los investigadores de la UCO sostienen que la trama cobró una comisión de 114.950 euros por conseguir el rescate de Tubos Reunidos. Aunque los pagos se justificaron oficialmente como servicios de «prospección de mercados» a través de la empresa Mediaciones Martínez, la Guardia Civil concluye que dichas facturas son «mendaces» (falsas) y que su verdadera motivación fue el pago por los servicios de intermediación política. Asimismo, un correo intervenido revela que el plan inicial de Fernández era exigir a la siderúrgica una «contratación recurrente» con Servinabar —empresa de Alonso— «a modo de agradecimiento», aunque finalmente se desvió a la otra mercantil.
La investigación abarca además una segunda fase de operaciones, desarrollada entre 2024 y 2025, destinada a conseguir el aplazamiento de la amortización de los intereses de la deuda de la compañía. En este marco, el sumario recoge una reunión clave celebrada el 13 de noviembre de 2024 en el propio despacho de Santos Cerdán en la sede socialista de la calle Ferraz, en la que participaron el dirigente del PSOE, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos; un encuentro que quedó registrado con la anotación manuscrita «Reunión Tubos Reunidos» en una libreta azul incautada a la principal investigada.
