Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, comparecerá el 5 de agosto en la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Leire Díez’, que investiga presuntas maniobras para boicotear causas judiciales y contratos públicos irregulares.
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MADRID.– El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo 5 de agosto a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. El objetivo de la comparecencia es «verificar» el clonado de su teléfono móvil e incorporar de forma definitiva el volcado de los datos a la causa donde figura como investigado.
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En una providencia fechada el pasado 16 de julio, a la que ha tenido acceso la Agencia EFE este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 convoca a Serrano para ratificar las operaciones técnicas de copia y su número de identificación. En caso de ser necesario, el magistrado contempla realizar «un nuevo clonado en sede judicial» en presencia del imputado y ante la letrada de la Administración de Justicia.
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La medida se produce después de que el juez ordenara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el volcado y análisis del terminal del exalto cargo, tras su reciente imputación en el conocido como caso Leire Díez.
Contratación irregular y boicot judicial
La imputación de Serrano se sustenta en un informe de la UCO que le atribuye una participación «preeminente» en dos vertientes de la trama: la obtención ilícita de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI y la existencia de una supuesta red dedicada a desestabilizar y boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En la rama relativa a las adjudicaciones públicas, el juez Pedraz indaga en operativas sospechosas dentro de Correos similares a las detectadas en otras empresas públicas estatales como Mercasa o Enusa. El foco inicial se sitúa en la «irregular contratación de Leire Díez» como directora gerente de Filatelia, un puesto que dependía directamente de la presidencia de Serrano.
Con estas diligencias, la instrucción de la Audiencia Nacional busca esclarecer si el expresidente de la entidad postal se limitó a «consentir» la ilícita operativa de contratación o si, por el contrario, su responsabilidad se extendió hasta el punto de «impulsarla y dirigirla», además de dirimir su grado de implicación en las maniobras de interferencia judicial.
