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Madrid — La acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre atraviesa una fase de creciente conflictividad e inestabilidad. Según informan fuentes policiales, el asentamiento se ha fragmentado en más de 40 grupos heterogéneos con intereses contrapuestos —desde el movimiento okupa y colectivos sociales hasta personas sin hogar e inmigrantes indocumentados—, lo que ha provocado una acusada falta de liderazgo y reiterados episodios de violencia bajo las carpas del Kilómetro Cero.
A diferencia del impulso inicial promovido por el Sindicato de Inquilinas en defensa de la vivienda, la gestión del espacio se ha visto desbordada. Esta situación se puso de manifiesto de forma crítica tras la detención por parte de la Policía Nacional de un hombre de 60 años y con antecedentes por homicidio, quien llegó a amenazar con un cuchillo en el cuello a una joven de 18 años en el propio campamento.
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Protocolos de expulsión y un severo código de convivencia
Para tratar de contener la escalada de tensión y los incidentes, los organizadores han elaborado varios protocolos de seguridad e intervención interna:
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- Protocolos frente a agresiones: Cuentan con normativas específicas para actuar ante agresiones sexuales, agresiones físicas y verbales, y «violencias estructurales». Las infracciones conllevan sanciones mediante avisos de color amarillo, naranja y rojo, este último implicando la expulsión inmediata.
- Normas de convivencia y lenguaje: El código prohíbe explícitamente conductas consideradas machistas, actitudes gordofóbicas, «exotización o apropiación cultural», e identidades LGTBI-fobia (incluyendo el deadnaming o la confusión intencionada de pronombres).
- Consumo de sustancias: Se ha fijado la prohibición de consumir alcohol y drogas únicamente a partir de la medianoche.
Mirada puesta en el 11 de noviembre y fricción política
A pesar del cansancio visible y las disputas internas sobre la permanencia en la plaza, las protestas en el sector de la educación pública han reavivado la presencia de los sectores más radicales. Varias facciones persiguen ahora resistir en Sol hasta el próximo 11 de noviembre, fecha clave fijada para la huelga general a las puertas de la campaña electoral. Paralelamente, en el recinto se han instalado puntos de recogida de víveres destinados a los inmigrantes del reciente salto a Ceuta y a iniciativas políticas internacionales.
El mantenimiento de la acampada continúa generando un fuerte choque institucional. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid denuncian problemas de salubridad, inseguridad y movilidad —con un perjuicio estimado en 186.000 euros para Metro de Madrid—, mientras que en el seno de la Policía Nacional crece el malestar con la Delegación del Gobierno por no autorizar el desalojo de la plaza, a la espera de un pronunciamiento judicial definitivo o del fin voluntario de la protesta.
