Francisco Martín, conocido por su cercanía al presidente del Gobierno, ha presentado su dimisión como delegado del Gobierno en Madrid. Su gestión ha estado marcada por numerosas polémicas, especialmente con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La última controversia se centró en su respuesta a la acampada en la Puerta del Sol, que ha sido objeto de críticas por su creciente deterioro.
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El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha valorado positivamente la dimisión de Martín, acusándolo de dejar a los agentes «a los pies de los caballos» debido a sus críticas a las actuaciones policiales. Jupol ha señalado que Martín ha cuestionado públicamente a los profesionales de la policía y ha puesto en duda sus intervenciones, lo que consideran inaceptable.
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Críticas a la gestión de Francisco Martín
Jupol ha recordado que ha exigido en varias ocasiones el cese de Martín por su gestión del orden público. La última crítica se produjo tras la protesta educativa en la Universidad Complutense, que terminó con cargas policiales. Martín había pedido una investigación urgente de la intervención policial, calificándola de «no proporcionada».
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El sindicato también había solicitado previamente la dimisión de Martín por su gestión durante las protestas en Ferraz y los eventos relacionados con la cancelación de la última etapa de la Vuelta a España de 2025. Según Jupol, en estas situaciones faltó el respaldo institucional necesario para los policías nacionales, especialmente para la Unidad de Intervención Policial (UIP).
Exigencias para el nuevo delegado del Gobierno
Jupol ha subrayado que la Policía Nacional necesita responsables políticos que no utilicen a los agentes como escudo y que no los abandonen ante las críticas. El sindicato ha pedido al próximo delegado del Gobierno en Madrid que priorice la seguridad ciudadana sobre el cálculo político y que ofrezca un respaldo institucional firme a la Policía Nacional.
El sindicato ha insistido en que la obligación del delegado del Gobierno es proteger a los ciudadanos, garantizar el orden público y defender el interés general, sin dejar desamparados a los policías en situaciones de máxima tensión. Han reiterado su compromiso de exigir que ningún policía vuelva a quedar «a los pies de los caballos» por decisiones políticas.
