El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presentado su dimisión este martes en plena comparecencia parlamentaria ante el Congreso de los Diputados, asumiendo la responsabilidad política por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado un balance de 69 víctimas mortales. La renuncia se ha producido apenas seis días después de la colisión entre el AVE y el convoy de Iryo, en un clima de máxima tensión política y social propiciado por la exigencia unánime de responsabilidades por parte de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.
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Durante su intervención ante la comisión parlamentaria, el ya exministro ha defendido la gestión técnica del departamento, argumentando que la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla no es una infraestructura abandonada y que el sistema de señalización LZB que falló durante el incidente es una tecnología ampliamente contrastada en la red europea. Asimismo, Puente ha rechazado de forma tajante la existencia de directrices internas para priorizar la puntualidad de los trenes sobre los márgenes de seguridad en la circulación comercial.
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Petición judicial para reabrir el corredor andaluz en diez días
Antes de formalizar su dimisión, el titular de Transportes ha informado sobre la solicitud tramitada ante el juzgado de instrucción a cargo de la causa para obtener la autorización de reparación y reacondicionamiento del tramo de vía dañado por la colisión en Toledo. La previsión trazada por el Gobierno establece que la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía pueda recuperar la operatividad en un plazo máximo de diez días a contar desde el visto bueno de la magistrada instructora, aunque el servicio se restablecerá con una clara reducción de frecuencias respecto a la oferta habitual.
Esta minoración en el número de trenes diarios busca garantizar la máxima fiabilidad de la red tras la aprobación de un plan extraordinario de refuerzo de la seguridad ferroviaria en el Consejo de Ministros. El paquete normativo contempla además un marco de ayudas económicas directas para las familias de las víctimas del siniestro y la fijación de topes tarifarios para evitar la especulación de precios en los servicios de transporte alternativos durante periodos de emergencia nacional.
Aumento de la presión política y familiar tras el dictamen en el Congreso
La dimisión del ministro se produce en un escenario de intensa indignación social, marcado por las duras intervenciones de los familiares de las víctimas que han reclamado asunción de responsabilidades directas al Ejecutivo. La presión ejercida por los partidos de la oposición y de varios socios de investidura aceleró la salida del responsable del Ministerio de Transportes, dejando únicamente al PSOE y a EH Bildu en la postura de postergar la depuración de cargos hasta la conclusión de las auditorías de la investigación judicial.
La salida de Óscar Puente abre una crisis de gobierno en el tramo decisivo de la legislatura, forzando una reestructuración urgente en el Ministerio de Transportes para liderar la restauración de la confianza pública en el sistema ferroviario. La prioridad del departamento pasa ahora por ejecutar los trabajos de reparación en la provincia de Toledo y coordinar con Adif los nuevos protocolos de supervisión humana y automática en los centros de control de tráfico.
