La Comunidad de Madrid ha anunciado la apertura de un procedimiento de responsabilidad patrimonial para exigir formalmente a la Delegación del Gobierno la compensación de los costes económicos generados por la acampada en la Puerta del Sol. Tras 38 días de movilización en pleno centro de la capital, el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso ha calificado la ocupación del espacio público como un «secuestro» ilegal permitido por la inacción del anterior delegado, Francisco Martín, atribuyendo a la administración estatal las pérdidas operativas e infraestructurales ocasionadas durante este periodo.
El anuncio de esta vía administrativa se ha producido de forma simultánea a la primera reunión institucional mantenida en la Real Casa de Correos entre Díaz Ayuso y la nueva delegada del Gobierno en la región, Pilar Trinidad, nombrada tras la dimisión de su antecesor. A pesar de que el encuentro ha discurrido en un ambiente de cordialidad marcado por el reciente desalojo nocturno de la plaza sin incidentes graves, la administración autonómica mantendrá activos los frentes judiciales y administrativos abiertos para determinar el alcance total de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas y al tejido comercial madrileño.
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Pérdidas en Metro de Madrid y desinfección de los pozos de ventilación
En un primer desglose de daños, la Consejería de Transportes ha cuantificado en más de 750.000 euros el impacto directo registrado sobre la red de Metro de Madrid a causa de la ocupación continuada. Esta cifra computa tanto los gastos extraordinarios desplegados en labores de seguridad y desinfección profunda como el lucro cesante derivado del descenso de la demanda. El suburbano estima que el bloqueo exterior provocó una pérdida acumulada de 494.000 viajeros durante las cinco semanas de acampada.
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Uno de los momentos críticos del conflicto operativo se produjo tras el cierre preventivo de la estación de Sol decretado por motivos de salubridad. La acumulación de tiendas de campaña e infraestructuras improvisadas obstruyó los pozos de ventilación del recinto subterráneo, obligando a ejecutar actuaciones intensivas de saneamiento para garantizar la seguridad ambiental de los usuarios antes de autorizar la reapertura de los accesos.
Deshielo institucional y reclamaciones del comercio local
A pesar del contencioso patrimonial iniciado, la portavocía del Gobierno regional ha valorado positivamente la orden de desalojo ejecutada por la Policía Nacional, interpretándola como un cambio de actitud en la gestión de la seguridad ciudadana por parte de la nueva representación estatal. En la reunión entre ambas dirigentes se abordó la necesidad de incrementar la plantilla y los recursos materiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, buscando restaurar la coordinación operativa interrumpida tras meses de choque político.
A las reclamaciones de la administración autonómica se suman los informes preliminares elaborados por las asociaciones de comerciantes del distrito Centro, que estiman el impacto negativo en el comercio y la hostelería de la zona en más de 30 millones de euros. La Comunidad de Madrid mantendrá la exigencia de responsabilidades patrimoniales para amortiguar el perjuicio económico causado a las empresas públicas y los servicios de transporte regional.
Ayuso reclama a la Delegación del Gobierno el impacto económico por el «secuestro» de 38 días en Sol
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