Francia afronta una jornada de masiva paralización social con la convocatoria de una huelga general que prevé sacar a la calle a cerca de 780.000 manifestantes distribuidos en 260 marchas por toda la geografía nacional. La movilización, impulsada de forma conjunta por las principales centrales sindicales del país, ha provocado paros significativos en el sector público, el cierre preventivo del monumento de la Torre Eiffel y severas disrupciones en el transporte ferroviario regional gestionado por la empresa estatal SNCF, así como bloqueos en la operativa de las áreas portuarias.
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Las protestas convergen con un clima de persistente malestar social derivado del continuo encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos bajo el mandato del presidente Emmanuel Macron. A las reclamaciones laborales para exigir incrementos salariales generalizados y una reforma fiscal que grave a las grandes fortunas, se suma el malestar del movimiento estudiantil por la precariedad de las infraestructuras educativas y el hacinamiento en las aulas de secundaria.
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Despliegue de 70.000 agentes de seguridad y veto a los centros urbanos
Frente a la convocatoria sindical, el Ministerio del Interior encabezado por Laurent Nuñez ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad de carácter coercitivo, movilizando a más de 70.000 efectivos entre agentes de la Policía Nacional y la Gendarmería. Las autoridades estatales han impuesto restricciones operativas fijando la prohibición de desarrollar marchas por los cascos históricos de las principales capitales para evitar la repetición de los episodios de pillaje y saqueos registrados durante las protestas de mediados de octubre en metrópolis como París y Marsella.
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Pese al celo gubernamental y el blindaje preventivo sobre los accesos a los institutos capitalinos, las fuerzas del orden han notificado ya altercados de diversa consideración en núcleos urbanos como Lyon, Nantes, Rennes o Toulouse. Desde la dirección del sindicato CGT, su secretaria general Sophie Binet ha afeado la estrategia represiva del Ejecutivo, señalando que la resolución de las fricciones sociales exige dar respuesta a las demandas salariales del colectivo de trabajadores en lugar de responder con despliegues de contención en las vías públicas.
El movimiento estudiantil mantiene el bloqueo de las aulas
La huelga general ha encontrado un canal de amplificación directo en el estamento estudiantil, que tras el término de las vacaciones escolares ha retomado los bloqueos mediante barricadas en los accesos a los centros educativos. Mientras el Ministerio de Educación cifra en 81 los institutos afectados por las protestas en todo el territorio nacional, las organizaciones de estudiantes elevan el impacto a cerca de un millar de centros universitarios y de enseñanza secundaria.
Las mesas de diálogo mantenidas en las semanas previas entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores no han logrado mitigar la convocatoria de movilizaciones. La participación docente, que los sindicatos estiman en un 18% para las etapas de educación infantil y primaria, suma tensión a la gobernabilidad del gabinete en un tramo final de mandato marcado por la polarización y el desgaste de la gestión económica.
