El Ministerio de Trabajo concede fondos públicos a la organización de autónomos vinculada a su histórica dirigente, imputada por presuntos delitos de malversación y falsedad documental.
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El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, ha concedido una subvención pública de 60.000 euros a la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE). La ayuda llega a la organización en un momento judicial delicado, ya que su secretaria general y rostro visible, María José Landaburu, se encuentra imputada en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de fraude, malversación de fondos públicos y falsedad documental.
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La partida económica, destinada a sufragar actividades de representación e interlocución del sector, ha vuelto a poner el foco en los criterios de adjudicación de fondos públicos a organizaciones sindicales y de autónomos por parte del departamento de Yolanda Díaz. Desde sectores de la oposición y asociaciones rivales se ha cuestionado la idoneidad de mantener este flujo de financiación estatal a una entidad cuya cúpula directiva afronta graves cargos en los tribunales por la gestión de subvenciones anteriores.
Investigación judicial en curso
El procedimiento judicial que salpica a Landaburu analiza el presunto desvío y la justificación irregular de partidas finalistas concedidas en ejercicios previos. Las pesquisas, tuteladas por los órganos judiciales correspondientes, buscan esclarecer si los fondos públicos terminaron sufragando gastos ajenos a los objetivos declarados para los que fueron otorgados, un escándalo que ahora choca con la continuidad de las aportaciones económicas desde el Ministerio de Trabajo.












