La Fiscalía Provincial de Madrid ha dado un paso firme en la vertiente judicial derivada de la difusión no autorizada de las grabaciones de voz entre el centro de control de Adif y los maquinistas de los trenes accidentados en Urda (Toledo). Tras finalizar las diligencias preprocesales de investigación iniciadas a raíz de una reclamación formulada por el sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro), el Ministerio Público ha apreciado indicios fundados de delito y ha acordado la interposición de una denuncia formal en los juzgados del Tribunal de Instancia de la capital, según consta en la resolución notificada este martes.
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El decreto, firmado por la fiscal Patricia Galán Álvarez con fecha de 5 de noviembre y registrado oficialmente en el decanato de Madrid a la espera de reparto, supone la asunción por parte del órgano acusador del impulso penal en la causa. La actuación del Ministerio Público se suma a las iniciativas emprendidas de forma directa en distintas sedes judiciales por las organizaciones representativas del sector —entre ellas el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), CCOO y UGT—, que han acudido tanto al Juzgado de Instrucción de Orgaz como a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) alegando una presunta revelación de secretos y vulneración de la custodia de pruebas.
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Controversia sobre la custodia de registros críticos en la investigación
La filtración del material sonoro permitió a la opinión pública conocer las indicaciones operativas cruzadas entre los operadores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y las cabinas de mando durante el fallo del sistema de señalización y freno automático LZB, que provocó la detención en línea de seis composiciones antes del impacto directo entre un convoy de Renfe y otro de la compañía Iryo el pasado 28 de octubre. Las representaciones de los trabajadores demandan esclarecer los protocolos de seguridad que protegían dichos registros y determinar las responsabilidades penales de quienes accedieron a las bases de datos originales y facilitaron la difusión externa del material.
Paralelamente, se mantiene pendiente de resolución la denuncia que la misma central Alferro interpuso ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes, Óscar Puente. Aquella vía señalaba la responsabilidad del antiguo titular de la cartera por haber admitido públicamente el conocimiento del contenido de las grabaciones y haber desvelado detalles operativos en sede parlamentaria y mediática en fases del procedimiento sujetas a confidencialidad.
Presión sobre la gestión de Adif y el marco de seguridad ferroviaria
El movimiento del Ministerio Público tensiona la gestión del gestor de infraestructuras en plena reorganización del área tras la dimisión voluntaria de su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, y del propio exministro Puente. La confirmación de indicios delictivos por parte de la Fiscalía añade una derivada de carácter penal al frente de crisis técnica que intenta contener el nuevo responsable de Transportes, el vicepresidente Carlos Cuerpo.
La apertura del procedimiento judicial en Madrid se produce a las puertas del inicio formal de la campaña para los comicios generales del 29-N y a escasa distancia de la celebración del funeral de Estado institucional en la Catedral de Toledo, manteniendo la custodia de las comunicaciones ferroviarias en el eje del debate sobre la seguridad de los servicios públicos.
